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Recientemente cuestionada desde orillas políticas, en especial en Estados Unidos, la hipótesis que atribuye la expansión del coronavirus en humanos al consumo de murciélagos, comercializados en escasas condiciones de salubridad en los mercados de China, sigue siendo la versión oficial del origen de la crisis que paraliza al mundo.
Y en ese sentido, esta semana la ONU hizo un llamado tajante. Durante su conferencia de prensa diaria, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, instó a los gobiernos a “aplicar rigurosamente las prohibiciones a la venta de vida silvestre, y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene de los alimentos para garantizar que los que se venden en los mercados sean seguros para el consumo”.
Una moción que podría tener eco en el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (parlamento de China), una comisión de 175 de los 3.000 diputados, que anunció este viernes que su próxima reunión tendrá lugar entre el 26 y el 29 de abril, para debatir el borrador de una ley que prohíbe el consumo de animales salvajes, una medida que en últimos días se ha convertido en caballito de batalla del Gobierno de Xi Jinping.
Pero frenar todo un sector de la economía no será fácil para las autoridades del país asiático, que ya han fracasado en intentos anteriores de detener el tráfico de animales salvajes. En 2003, durante la epidemia de neumonía atípica, que se habría propagado por el consumo de gatos civeta en el sur de China, el Gobierno suspendió la venta de especies silvestres en los mercados. Luego, tras la contención del brote, permitió la reapertura de los criaderos y las tiendas.
Y es que según estimaciones oficiales que hace el Ejecutivo de Xi en el proyecto de ley, la comercialización legal de vida silvestre es un negocio que mueve 23.000 millones de dólares al año. Una cifra que deja por fuera las ganancias de un poderoso mercado negro que se extiende por el sudeste asiático.
Esa zona gris entre lo culturalmente permitido y lo ilegal, hace que la ONU considere que la prohibición debe ser total. Así lo expresó la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica de esa entidad, Elizabeth Maruma Mrema, quien señaló que “cerca del 70 % de las enfermedades humanas provienen de los animales salvajes”, ejemplificando con los brotes de coronavirus, ébola y henipavirus que “existe una clara relación entre la destrucción de la naturaleza y las nuevas enfermedades en humanos”.
Una problemática a la que Colombia no es ajena. Un informe publicado por el Instituto Humboldt en 2014 señaló que en el país se consumen cerca de 150 especies de fauna silvestre, pero que, a pesar de ser una actividad ilegal, “aporta a la seguridad alimentaria de las comunidades rurales e indígenas”, especialmente en zonas de la Orinoquía y la Amazonia, donde hay escasa presencia del Estado.
“Se ha estimado que el 80 % del aporte proteico de comunidades rurales de países tropicales y en vía de desarrollo proviene de la denominada ‘carne de monte’, como se conoce popularmente a animales no domesticados que son cazados para consumo humano. Es evidente que las poblaciones de especies silvestres se están reduciendo y que existe una dependencia entre la sobrevivencia de esas poblaciones y la sobrevivencia de las comunidades que las consumen, indígenas, campesinas o llaneras”, concluye el documento.
Por ejemplos como ese, Mrema se mostró en desacuerdo con una prohibición generalizada que desatienda las necesidades de comunidades rurales en zonas de extrema pobreza y, en entrevista con The Guardian, propuso a los gobiernos un rasero para sus normas: “Si no nos ocupamos de la naturaleza, ella se ocupará de nosotros” .
