Bogotá vivió este 23 de septiembre un precedente histórico en materia de justicia animal. Una juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento intramural contra un hombre acusado de hurtar perritas para abusarlas sexualmente en la localidad de Ciudad Bolívar. Se trata de la primera vez que un agresor de este tipo enfrentará prisión gracias a la Ley Ángel, aprobada este año y considerada la normativa más contundente en la lucha contra el maltrato animal en Colombia.
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La senadora Andrea Padilla, autora de la iniciativa, celebró la decisión judicial: “¡Histórico! ¡Por primera vez en Colombia un abusador sexual de animales irá a la cárcel, gracias a la Ley Ángel! ¡Justicia para Keyla!”, escribió en sus redes, en alusión a la perrita víctima de este caso. Padilla resaltó que el resultado se logró gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, la comunidad y las organizaciones jurídicas que acompañaron la denuncia.
Un cambio de fondo en la legislación
La Ley Ángel, sancionada por el presidente Gustavo Petro en abril de 2025, elevó de manera significativa las penas contra quienes cometen actos de crueldad extrema, incluyendo violencia sexual hacia animales. Desde su entrada en vigor, los responsables de estas conductas enfrentan sanciones privativas de la libertad superiores a los tres años, sin acceso a beneficios judiciales como la casa por cárcel o la libertad condicional.
El caso de Ciudad Bolívar es la primera aplicación concreta de estas disposiciones. Hasta ahora, los responsables de hechos similares solían evadir la cárcel por tratarse de delitos excarcelables. Con la nueva norma, ese escenario cambió radicalmente y hoy, los jueces cuentan con herramientas legales para enviar a prisión a los agresores.
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La medida anunciada en Bogotá no solo significa un paso hacia la reparación de Keyla, la perrita víctima de abuso, sino también un mensaje de advertencia para quienes insisten en vulnerar la vida de los animales. El proceso judicial continúa, y aunque lo decidido hasta ahora corresponde a una medida de aseguramiento, la expectativa está puesta en que la condena definitiva confirme la privación de la libertad del agresor.
¿Por qué nació la Ley Ángel?
En paralelo, la Ley Ángel contempla otras medidas de gran alcance: la creación de un registro nacional de personas condenadas por maltrato animal, la posibilidad de que la Policía ingrese a viviendas cuando existan indicios de que un animal está en riesgo, y la obligación de la Fiscalía de diseñar guías forenses para que veterinarios puedan emitir dictámenes útiles en procesos penales.
Fuera de esto, el endurecimiento de sanciones incluye multas económicas severas: de 15 a 30 salarios mínimos cuando los animales sobreviven con lesiones graves, y de 30 a 60 en caso de muerte. Asimismo, se establecieron agravantes como la mutilación, la difusión de contenidos violentos con animales y el maltrato ejercido en actividades económicas.
Para el movimiento animalista, lo ocurrido con Keyla representa la materialización de años de lucha. Como recordó Andrea Padilla, se trata de un logro colectivo que reúne a activistas, fiscales y ciudadanos que presionaron para que el maltrato animal dejara de ser un delito menor. El reto ahora será garantizar que la implementación de la Ley Ángel no quede solo en un acto simbólico.
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