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Las manchas del fútbol colombiano
Denuncias por reventa de boletería y un largo historial de actuaciones irregulares de dirigentes de la FCF.
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En uno de los momentos más difíciles del fútbol colombiano, cuando los equipos abogan por la reactivación de la Liga, un escándalo supone otro obstáculo para trabajar unidos. FOTO Sstock
08 de julio de 2020
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El escándalo por reventa de boletería en las eliminatorias para el Mundial de Rusia-2018 pone, una vez más, en entredicho la idoneidad y transparencia de quienes han orientado el fútbol nacional en los últimos años.
De ahí que las voces de quienes hace tiempo piden un cambio en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y en sus entes adscritos (Dimayor -rama profesional- y Difútbol -rama aficionada-) vuelven a sonar con fuerza. La Asociación Colombiana de Futbolistas Colombianos (Acolfutpro), por ejemplo, manifiesta que “solo una reestructuración de fondo” sacará a este deporte de “la crisis sin precedentes que vive hoy y regresará la credibilidad de la dirigencia”. Y menciona los diferentes actores que, según sus voceros, sienten vulnerados parte de sus derechos por el manejo de esas entidades. Entre ellos, jugadores (hombres y mujeres), árbitros y clubes (ver ayudas).
Extraña, eso sí, el silencio de los representantes de los clubes del rentado que frente a los últimos acontecimientos, como lo ha comprobado este diario al comunicarse con los de Cali, Nacional y Medellín, para solo mencionar tres, se niegan a hablar del tema.
La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de multar con 16.016 millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a varios integrantes de su Comité Ejecutivo, como el presidente Ramón Jesurún y uno de los vicepresidentes, Álvaro González, por un supuesto manejo irregular de la boletería de los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia-2018.
Recorrido complejo
Revisando la historia de los presidentes de la FCF desde 1992 (28 años), cuatro de ellos han estado involucrados en escándalos.
En septiembre de 1995 Juan José Bellini fue capturado por la Policía y luego condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con los hermanos Rodríguez Orejuela, según reseñó la prensa de la época.
Tras dos años de interinidad en el cargo de Hernán Mejía Campuzano, fallecido el pasado 6 de marzo de 2019, asumió como representante legal de la FCF Álvaro Fina, que también tuvo líos por su proceder.
El 24 de julio de 2002 fue multado por Coldeportes Nacional (hoy Mindeporte) con 100 salarios mínimos mensuales por firmar, sin consultar con los demás miembros del Comité Ejecutivo, contratos de comercialización de la Copa América de 2001 que se realizó en el país, que excedían el monto permitido.
En agosto de ese año y aunque aseguró que tenía los votos para seguir, lo reemplazó Óscar Astudillo.
Por este hecho, en junio de 2003, cuando ya había dejado el cargo y era el representante de la entidad ante la Conmebol, el Tribunal Deportivo de la FCF sancionó a Fina por un año sin poder ejercer sus funciones. El dirigente, además, era presidente cuando se perdieron 221 boletas de las 10.000 que recibió Colombia para el Mundial Francia-98.
Luis Bedoya, presidente de 2006 a 2015, está hoy en Nueva York a la espera de una condena, vinculado al denominado caso de corrupción FifaGate que permitió la captura de dirigentes de diferentes confederaciones.
Bedoya negoció con la justicia estadounidense y se entregó en 2015, sirvió como testigo en busca de beneficios judiciales y reconoció haber recibido coimas en temas relacionados con los derechos de televisión de la Copa América de 2011.
Ahora, el nombre de Ramón Jesurún, su sucesor en el en el ente futbolero, es sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio con 304 millones de pesos que debe pagar tras una investigación por presunta reventa de boletería, caso que aún no ha sido juzgado y que podría llegar a la Fiscalía.
Un lunar más para la FCF, entidad de carácter privado que con las actuaciones de sus dirigentes ha opacado el desempeño de los seleccionados de Colombia.
18.352
millones de pesos es el total de las multas impuestas por la Superintendencia.
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