El desafío, o mejor la actitud desafiante de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hacia el Ejecutivo, con respecto al nombramiento del Fiscal, puede inducir a que los ciudadanos empecemos a sospechar de intereses politiqueros subyacentes que buscan, sin lugar a dudas, entorpecer el funcionamiento del Estado.
Cumplir lo pactado en la Constitución Nacional debe ser un imperativo de todos los nacionales y en especial deben hacerlo aquellos integrantes de las máximas instituciones gubernamentales. Dejar de hacerlo abiertamente y con afanes de figuración o deseos de mostrar su capacidad desestabilizadora, es una afrenta a los principios que deben regir el comportamiento de todos los colombianos, incluidos esos magistrados que ahora están en franca rebeldía.
Duele llegar a conclusiones como éstas, cuando estos altos dignatarios actúan como lo hacen otros representantes de las autoridades, que siendo los llamados a aplicar las leyes, las contravienen porque se consideran exentos de esas obligaciones. Aquí me refiero a esa gran cantidad de agentes del orden que actúan irresponsablemente cuando conducen en contravía o culebrean en el tráfico urbano sus motocicletas como cualquier infractor. Lo incoherente es que a sabiendas de que ellos lo hacen siempre, se atrevan a imponer multas a los otros compatriotas que actúan como ellos.
Estas actitudes de algunos agentes de policía y de tránsito son del diario vivir y de ahí el sinsabor permanente de aquellos que han visto cómo les aplican sanciones, personas que por su comportamiento no tienen autoridad moral para hacerlo. Quién creyera, pero esto trae consigo consecuencias funestas para la convivencia armónica.
Si en ese nivel es peligroso, ¿qué consecuencias podemos esperar de ese desafío incomprensible que esos magistrados, enceguecidos en su prepotencia, le están haciendo a toda la nación?
Este interrogante se lo debieran hacer antes de seguir empecinados en sus exigencias por fuera de la ley. No sé cómo se puede catalogar dentro de la gran lista de acciones por fuera de la ley o del comportamiento armónico; tal vez: ¿prevaricato?, ¿abuso de poder?, ¿presiones indebidas?, ¿orgullo desmedido?, ¿pedantería extrema?, ¿agresividad irresponsable? Posiblemente hay otras maneras y expresiones para describir o juzgar lo que están haciendo, pero el resultado es una situación muy grave que origina sospechas de todo tipo y se puede irradiar al resto de nacionales que ven cómo los tribunales se deslegitiman con sus actuaciones.
Si esto no tiene consecuencias mediatas, entonces veremos cómo el resto de colombianos nos veremos impulsados a no cumplir con los deberes expresados en nuestra Constitución.
Y si eso pasa: Ahí fue Troya.
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