A pesar de las emociones que ha provocado la campaña presidencial, los debates entre los candidatos han sido bastante sosos y ha hecho falta audacia. Por ejemplo, el respeto a la vida ha sido planteado a nivel general, y más como eslogan ("la vida es sagrada") que como un programa coherente. Hasta la semana que acaba de pasar, no se habían vinculado los mal llamados "falsos positivos" a la polémica, y aún ahora, después de que Mockus le dijo a Santos que en su gobierno no se toleraría ese tipo de asesinatos de jóvenes inocentes, la discusión no ha entrado a considerar las profundas ramificaciones morales y políticas de estos hechos.
A estas alturas, la principal diferencia entre Mockus y Santos que se percibe es que el primero se compromete a respetar la ley y la vida de los ciudadanos y el otro a no subir impuestos. Esto es importante y contribuye a diferenciar, pero no basta para definir la calidad de un programa presidencial. Respetar la vida, la ley y los derechos de los ciudadanos es lo que se espera rutinariamente de los gobiernos en la mayor parte del mundo, y las docenas de candidatos que ofrecen no subir impuestos no son tenidos en cuenta por originales, ni por ser sinceros.
Una de las virtudes del presente debate electoral ha sido la ausencia de populismo. Ninguno de los candidatos cuestionó la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico y han sido conscientes de las virtudes de una política fiscal prudente. Esta es una señal de madurez, pero ha servido de escudo para que se hable de lo más importante. Carlos Caballero se queja de que los candidatos no se han ocupado seriamente de la nutrición y la atención a los niños en sus primeros años, a pesar de que de eso se trata "la verdadera seguridad democrática".
Hace falta un compromiso de los candidatos de atacar de frente a la pobreza y de cambiar la estructura del mercado laboral para que no sean solamente los de arriba los que reciben remuneración adecuada, protección y seguridad en el trabajo. Santos cree que para resolver estos problemas basta con promover mayores niveles de crecimiento sustentable. Pero, como se ha visto en los períodos de alto crecimiento, este no necesariamente genera mayor empleo ni soluciona injusticias en la distribución de riqueza, ingreso u oportunidades. La prioridad del gasto público y de las políticas públicas debe ser mejorar las condiciones de vida de los más pobres, y la mayor pobreza está en el sector rural.
En ese sentido está bien orientada la idea de convertir el sector agropecuario en una de las locomotoras de desarrollo, pero esto no va a ser posible si no se tiene una política de comercio exterior coherente con ese propósito, se distribuye mejor la tierra y se pone en marcha un atrevido programa de investigación y desarrollo técnico de la agricultura colombiana. Tanto Santos como Mockus han destacado la importancia de promover la educación y la necesidad de dotar al país con infraestructura pero no han hablado de cómo van a financiar esos programas, ni han revelado su contenido. Flota en el aire la idea de reformar a fondo el sistema de regalías para beneficio de todas las regiones, para financiar infraestructura y aumentar la oferta educativa en todos los niveles y la calidad de la educación , pero no hay una propuesta concreta de esta reforma constitucional, como tampoco la hay para resolver los problemas de salud o seguridad social, entre otros. Si las hubiera, se contaría con mejores elementos de juicio para ir a votar.
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