Las últimas acciones violentas del Eln, que incluyeron la declaratoria de un paro armado en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Casanare; y la instalación de un vehículo al parecer cargado de explosivos en la vía Panamericana, fueron los hechos que llevaron a las autoridades a redoblar la vigilancia para garantizar la seguridad.
Medidas como misiones de vigilancia aérea, un refuerzo de tropas ordenado por el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, y coordinación de desplazamientos de empresas de transporte público, de alimentos o de hidrocarburos, son parte de la estrategia que busca contrarrestar los efectos del paro armado impuesto por el grupo guerrillero desde el 3 hasta el 6 de julio.
El general Lasprilla enfatizó que reforzarían la seguridad "para evitar más atentados en regiones claves para el progreso y desarrollo del país". El comandante del Ejército precisó que la ofensiva militar se ha mantenido no solo contra el Eln sino también contra otras estructuras armadas ilegales ubicadas en Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Catatumbo, Arauca, Caquetá, Meta y Vichada.
Según Lasprilla, en los últimos nueve días las tropas han neutralizado 61 miembros de esas organizaciones: 30 desmovilizaciones, 26 capturas y cinco bajas.
Para el comandante (e) de la Policía de Norte de Santander, Fabio Misael Cristancho Guerrero, es vital el aumento del pie de fuerza, así como el del Ejército en municipios como Teorama, San Calixto, Hacarí, Chitagá, Toledo y Labateca, además de otras zonas del Catatumbo.
"Lo que queremos es que no vaya a haber obstáculos para el gremio de transportadores, ni para el del comercio, por eso pedimos que desarrollen sus labores de manera normal", expresó el coronel.
Rechazo al paro armado
mientras el Eln continúa con la declaratoria del paro armado e intimidaron a la población con la advertencia de cumplir la orden o atenerse a las consecuencias, el ministro del Interior, Aurelio Irragori, rechaza esta acción y manifestó que debe ser condenada por la sociedad colombiana.
"Sin duda somete a las comunidades al confinamiento y perjudica el desarrollo del país en detrimento del interés general, especialmente el de las poblaciones más vulnerables", puntualizó Irragori.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades para solicitarles que adopten medidas con las que eviten la vulneración de los derechos humanos. "Toda acción que involucre directa o indirectamente a la población civil es considerada como una infracción a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, toda vez que la sociedad debe ser excluida del conflicto armado", concluyó Esiquio Manuel Sánchez, Defensor (e) del Pueblo.
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