Una notificación a descargos que nunca llegó, un argumento sobre violación del debido proceso y una supuesta falta de identificación de los miembros de la Unión Temporal Segundo Centenario (Utsc) fueron las causas por las cuales la audiencia de caducidad del Túnel de La Línea se inició con tropiezos.
La sesión, que estaba citada en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías (Invías), inició a las 8:00 de la mañana con la lectura del informe de la interventoría en contra de los constructores de la megaobra. Nora Muñoz, directora jurídica del Invías, se tomó cerca de una hora y media para leer los cargos atribuidos a los constructores, a quienes se les señala de no cumplir a cabalidad con el contrato de obra.
La excavación del túnel debería estar el próximo 30 de noviembre, sin embargo, tanto el Gobierno como los constructores coinciden en que no estará listo para esa fecha. Si bien se esperaba que en la audiencia de ayer el contratista rindiera descargos ante el Invías sobre el proceso, esta tuvo que ser suspendida por tres horas mientras los funcionarios de la entidad gubernamental estudiaban las acusaciones a una supuesta violación al debido proceso.
El Invías habría enviado notificaciones a 10 de los 11 miembros de la Unión Temporal, omitiendo a la firma Condux S.A. con residencia en México. El 12 y 13 de septiembre llegaron las cartas para Herrera Fronpeca, Álvarez y Collins, Carlos Collins, Montercalo Vías, Túneles de Colombia, Construirte, Gayco y HH Arquitectura. Mientras que la de la compañía mexicana fue devuelta al Invías. "Esto podría terminar siendo como un Conmsa (...) Si me toca meter dos años de tutela las meto", dijo la abogada de la Unión Temporal Patricia Mier. La jurídica del Invías argumentó que con la notificación al representante legal de la Unión Temporal era suficiente para seguir con el proceso.
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