El Fondo de Adaptación, una entidad históricamente técnica y de bajo perfil, se convirtió en los últimos meses en uno de los epicentros de poder más disputados dentro del Gobierno.
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La “ruta del arroz”: el multimillonario contrato que tiene en crisis al Fondo de Adaptación e involucra a la Fundación San José
Un contrato de $36.211 millones, adjudicado para reactivar la economía de La Mojana, está hoy bajo sospecha por retrasos, presuntos favorecimientos y tensiones políticas dentro del Fondo de Adaptación.
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La “ruta del arroz”, presentada como solución para La Mojana, terminó atrapada en una pugna de contratistas cuestionados, advertencias de la interventoría y movidas políticas en la recta final del gobierno Petro. FOTOS: MANUEL SALDARRIAGA Y REDES SOCIALES U SAN JOSÉ
hace 2 horas
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Su creciente relevancia, alimentada por los billonarios recursos que administra. Las alarmas ya llegaron a la Fiscalía, a los órganos de control y a la propia Casa de Nariño.
Y es que, la salida de Carrillo abrió una nueva etapa marcada por movimientos políticos dentro del Fondo. El primer nombre que apareció fue el de Johan Steven Londoño, hoy subgerente de proyectos, quien —según reveló El Espectador— direccionó millonarios contratos hacia aliados de su suegra, la senadora Berenice Bedoya (ASI).
A la gerencia llegó después Katherine Rojas, a quien Carrillo señala de intentar destrabar pagos a favor del contratista cuestionado. Su paso por la entidad fue breve: renunció en medio de tensiones internas y cuestionamientos sobre su relación con funcionarios del gobierno anterior.
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El Espectador investigó varios procesos y encontró que uno de los contratos más ambiciosos —por $36.211 millones y adjudicado hace casi un año— permanece prácticamente estancado.
Detrás del proyecto aparecen contratistas cuestionados, choques internos en la entidad y una indagación preliminar de la Procuraduría por presunta interferencia de la gerencia para favorecer al contratista y bloquear el trabajo del interventor, pese a los reportes de incumplimiento.
Un salvavidas para La Mojana... que no llega
El contrato, bautizado en la región como “La ruta del arroz”, fue presentado como una apuesta para reactivar la economía de 11 municipios de cuatro departamentos golpeados por inundaciones y afectaciones derivadas del cambio climático.
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La idea buscaba promover no solo el cultivo de arroz —el principal producto de la zona—, sino a pescadores, artesanos y otros sectores productivos.
El proceso arrancó en octubre de 2024, se adjudicó en diciembre y empezó formalmente en febrero de 2025. “Es una solución construida con las comunidades y un mandato del presidente Petro”, dijo en mayo el entonces gerente encargado del Fondo, Carlos Carrillo.
Pero sobre el terreno, casi un año después, las comunidades no han visto avances. Documentos internos del propio Fondo muestran que la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana acumuló 13 incumplimientos solo en la fase inicial de alistamiento, lo que ha impedido incluso iniciar la estructuración técnica del proyecto.
El punto más crítico es la ausencia de un diagnóstico socioeconómico completo: el contratista se concentró únicamente en la cadena del arroz, ignorando sectores que estaban explícitamente incluidos en la licitación.
Tampoco hay evidencia sólida de los cuatro encuentros por municipio exigidos para recoger información territorial, ni de un trabajo riguroso de campo.
Los interventores alertaron que la entrega incompleta “vulnera la eficacia contractual” y propusieron sancionar al contratista con 26 salarios mínimos. Carrillo asegura que ordenó bloquear pagos y declarar incumplimientos, pero que antes de hacerlo fue removido del cargo.
Irregularidades, ¿qué tiene que ver la Fundación San José?
A los incumplimientos se suma la composición misma de la Unión Temporal. Entre sus integrantes está la Fundación de Educación Superior San José, recordada por otorgar un cuestionado título exprés a una exasesora del entonces ministro Armando Benedetti, quien luego fue postulada a un viceministerio.
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Otro de los nombres que genera suspicacias es el de Francisco Pareja González, representante de la Fundación San José y exfórmula política de Benedetti en 2014. Aunque el ministro del Interior afirma no tener vínculos recientes con Pareja, también hicieron alianza en 2018.
El Espectador consultó al representante legal del contratista para conocer su versión, y dijo: “nosotros somos unos particulares que colaboramos con el Estado, en este caso a través de ese contrato con el Fondo de Adaptación; considero que la instancia idónea para proporcionar información sobre el particular es el Fondo de Adaptación. Ellos son los dueños del proyecto”.
Durante la adjudicación del contrato, el Fondo recibió denuncias anónimas que mencionaban a políticos del Caribe y a líderes de La U presuntamente asociados a los contratistas. Los reportes fueron trasladados a los entes de control.
Mientras la disputa política se agudiza, la Casa de Nariño enfrenta otro problema: el presidente Petro está a ocho meses de dejar el poder y no ha logrado resolver el drama de las inundaciones de La Mojana ni avanzar en su promesa de ordenar el territorio alrededor del agua.
Lo que está en juego no es menor: más de $1,12 billones destinados a proyectos para poblaciones que llevan más de 20 años sufriendo inundaciones, con impactos devastadores en su salud, su infraestructura y su economía.
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