Las centrales obreras entregaron ante el Consejo de Estado la demanda de nulidad del decreto 4868 del 30 de diciembre de 2008, por el cual se fijó el salario mínimo legal para el presente año.
Según las centrales , el Gobierno Nacional tuvo una falta de competencia, pues no siguió ni agotó los procedimiento establecidos. Enfatizaron en que el decreto fue expedido de forma irregular ya que no fue motivado conforme lo dispone el artículo 2 de la ley 278 de 1996.
Uno de los argumentos es que la determinación del incremento salarial no corresponde a los objetivos trazados por la ley ni al interés público de los trabajadores más pobres del país.
Las centrales sindicales y la confederación de pensionados adelantan otras acciones ante la Organización Internacional del Trabajo del Congreso de Estados Unidos para denunciar la violación a los derechos humanos de los trabajadores colombianos.
