Una vez liberado el territorio nacional de la dominación española, el Congreso de la Nueva Granada expidió el 15 de noviembre de 1815 un reglamento que tituló "Reforma del Gobierno General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada", y en él se creó el Consejo de Estado como un órgano para controlar los posibles abusos en que podía incurrir el Gobierno a causa del exceso de centralismo. Con esta misma finalidad el Libertador Simón Bolívar, en su condición de Jefe Supremo de la República de Venezuela y Capitán General de sus ejércitos y de los de la Nueva Granada, el 30 de octubre de 1817 expidió en el cuartel general de Angostura un decreto por medio del cual reafirmaba el Consejo de Estado como órgano consultivo, fundamentalmente destinado a evitar los abusos de poder en que él pudiera incurrir.
La presencia del Consejo de Estado, así concebido, es intermitente en los distintos ordenamientos constitucionales y definitivamente desaparece en la Constitución de Rionegro de 1863. Aunque su versión moderna, no solo como órgano consultivo sino como Tribunal Supremo de la jurisdicción contenciosa administrativa, nace con la Constitución de 1886, esta última función no se cumplió inicialmente, pues el texto constitucional condicionó su operatividad a la creación por parte de la ley de dicha jurisdicción.
El desorden institucional que vivió la República Unitaria a principios del siglo XX terminó con la "caída" del General Rafael Reyes y el restablecimiento pleno de la Constitución de 1886, que fue objeto de una primera gran reforma mediante el Acto Legislativo n.° 3 de 1910, por el cual se ordenó crear la jurisdicción contenciosa administrativa.
En desarrollo de esta norma, el Congreso de la República expidió la Ley 130 de 1913, cuyo artículo 10 dispuso que dicha jurisdicción tendría por objeto la revisión de los actos de las corporaciones y empleados de la administración pública. La justicia contenciosa administrativa se ejercería por un tribunal supremo que sería finalmente el Consejo de Estado y por los tribunales seccionales contencioso-administrativos.
En desarrollo de lo dispuesto por la Constitución y la ley, se crearon los primeros tribunales administrativos, entre ellos el de Antioquia. Sus tres primeros magistrados se posesionaron el 1 de mayo de 1914, hace exactamente cien años.
En cumplimiento de la facultad democrática de vigilar y controlar el ejercicio de la función administrativa, durante este siglo el Tribunal Administrativo de Antioquia se ha caracterizado por su incansable labor y su valioso aporte jurisprudencial. No queremos mencionar nombres para no incurrir en omisiones dolorosas, pero es menester anotar que la sociedad antioqueña siempre se ha sentido orgullosa de su Tribunal y de su intervención en la construcción de la doctrina administrativa. La probidad de sus magistrados, demostrada en este siglo de trabajo, la seriedad de sus providencias, la calidad intelectual y personal de quienes nos han honrado con su servicio y sacrificio, constituyen razón suficiente para rendirles un sencillo homenaje a través de estas líneas.
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