La condena impuesta al locutor Édgar Perea por un juzgado penal de Barranquilla, debe analizarse serenamente, para no terminar confundiendo un asunto de violación de derechos patrimoniales de autor, con uno de libertad de expresión.
En efecto, quienes conocen los detalles del proceso penal contra el exembajador en Suráfrica, acreditan que el locutor desconoció, estando advertido de ello, derechos adquiridos por una cadena radial, para la transmisión de un evento deportivo internacional. Perea en ese momento no se tomó en serio el asunto y ahora, en caso de que el Tribunal del Atlántico confirme la sentencia del juez, deberá asumir todas sus responsabilidades.
No se trata, pues, de censura o coacción contra la libre opinión o el trabajo periodístico, sino de protección judicial a la propiedad.
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