El Congreso de la República que se instala mañana deberá actuar consultando la justicia y el bien común, no sólo porque a ello está obligado por la Constitución, sino porque no debe desperdiciar la oportunidad de representar fielmente al pueblo que lo eligió. Del trabajo juicioso de los legisladores dependerá que sea reconocido como un Congreso que trabaja para la prosperidad de todos, actitud bien esquiva en los últimos tiempos en el quehacer parlamentario, por causa de la parapolítica, la farcpolítica, la ineficiencia y la corrupción.
Hay que recordar que la elección de este Congreso se vivió bajo circunstancias muy especiales, luego del fallo del referendo que impidió el tercer mandato del Presidente Álvaro Uribe, y dos meses antes de la elección para la Presidencia de la República. Ambos comicios estuvieron marcados por la alta popularidad del Primer Mandatario Uribe, lo que se tradujo en la elección de un Congreso uribista, y del candidato Santos como Presidente de los colombianos.
Por tanto, vemos coherente el llamado a la Unidad Nacional que hace el Presidente electo para "avanzar desde la Seguridad Democrática hacia la Prosperidad Democrática". Y es el Congreso, en primerísimo lugar, quien debe acoger esta convocatoria, dentro de la filosofía de la independencia de poderes y el trabajo armónico entre ellos.
Los asuntos clave que deberá abordar el Legislativo no son de poca monta, máxime con la enorme expectativa creada por el impulso en materia social que ahora demandan los colombianos, tras la contundente y eficaz Política de Seguridad Democrática. Gran parte de la agenda parlamentaria tendrá que girar alrededor de generar empleo; reducir la informalidad; reformar el sistema de regalías; ratificar el TLC con la Unión Europea; establecer una regla fiscal para el manejo de las finanzas públicas; revivir los macroproyectos de infraestructura y vivienda; y modificar el sistema de salud, entre otros vitales temas. Por fortuna, ahora las negociaciones serán entre el Ejecutivo y los jefes de bancadas, gracias a la reforma política que fortaleció los partidos.
Este Congreso tiene también el reto de devolverle la credibilidad y legitimidad a la Institución, ya que reemplaza a uno que ha sido señalado como de los peores en la historia por causa de las investigaciones por parapolítica y farcpolítica a 85 de sus miembros; de las acusaciones a 86 representantes a la Cámara por supuesto prevaricato en el trámite del referendo reeleccionista. Además, la Corte Suprema de Justicia vinculó a ocho ex congresistas por presuntos delitos de lesa humanidad. Y si bien hay caras nuevas, no puede hablarse de una renovación, ya que algunos congresistas acusados y condenados se hicieron "elegir en cuerpo ajeno". Hechos que, con sobrada razón, opacan cualquier labor legislativa y de control político que, dicho sea de paso, dejó mucho que desear, pues no hubo leyes ni debates que pudieran llamarse históricos.
No obstante, destacamos algunas leyes del Congreso que termina: el Estatuto de la Administración de Justicia que obliga incluir en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del PIB; la Ley de Descongestión Judicial para reducir trámites; el Arancel Judicial que recaudará cerca de 243 mil millones de pesos; la prohibición de la dosis mínima, y las reformas Política y a la Salud.
Esperamos que los nuevos congresistas honren las palabras de Francisco de Paula Santander: "colombianos: las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad". Ojalá tengan como faro la libertad y el bienestar de los colombianos. Así no habrá duda de que será un Congreso para la prosperidad de todos.
Pico y Placa Medellín
viernes
no
no
