Hoy no hay manera de controlar en tiempo real qué operaciones, lícitas e ilícitas se pueden realizar con las más de 3 millones de empresas que aparecen en los registros de las Cámaras de Comercio del país.
De ellas, 2,3 millones corresponden a personas naturales y un poco más de un millón siguen activas al renovar su registro mercantil desde 2009 hasta la fecha, señalan los datos de la Confederación Colombiana de las Cámaras de Comercio (Confecámaras).
Frente a ese inmenso universo por vigilar y unas 1,9 millones de sociedades inactivas en los registros (sin saber si eso es cierto) las posibilidades de detectar los delitos que puedan cometer son muy limitadas en las condiciones actuales. Así lo reconocieron a este diario la Superintendencia de Sociedades y la Dian.
"Los criminales saben que estamos reventados (en la vigilancia) y han sabido usar para mal el sistema y las sociedades inscritas", sentencia Juan Ricardo Ortega López, director de la Dian.
Corrupción: la vena rota
El funcionario se refiere a casos como la red de corrupción descubierta en julio pasado y por la que se procesa penalmente a 16 personas. Hasta ahora se sabe que emplearon 29 'empresas de papel' para obtener devoluciones del IVA producto de exportaciones ficticias acreditadas con documentación falsa.
Una defraudación que empezó en 2004 y en cinco años superó el billón de pesos, según el presidente Juan Manuel Santos. Para que se haga una idea del desfalco, hoy la Dian devuelve a los exportadores por concepto de IVA unos 2,5 billones de pesos al año. Pero Ortega estima que el robo vía devoluciones de este impuesto rondan los 6 billones de pesos.
A este craso ejemplo, se suman el lavado de activos con empresas fachadas y las irregularidades en importaciones con subregistros en sus cantidades y valores reales (contrabando técnico).
Para mayor preocupación, el contrabando abierto pone a circular cada año mercancías no declaradas avaluadas en 700 millones de dólares (1,24 billones de pesos), según la Dian.
"Hay otras formas en que las han usado (empresas de papel), pero hasta que no se tengan investigaciones avanzadas es mejor no poner en sobre aviso a esa gente", agregó Ortega.
Así las cosas, mientras en el país la sociedad civil marcha con antifaces contra la corrupción, las ilegalidades se siguen y seguirán cometiendo con empresas legales.
Los criminales aprovechan las facilidades que la norma da para constituir empresas, un factor determinante para que Colombia mejore su puesto 39 en el Doing Business, el escalafón del Banco Mundial que mide regulaciones para hacer negocios en 183 países.
Por ejemplo, es creciente el uso de la figura de sociedad por acciones simplificada (SAS), que resulta más económica, jurídicamente flexible, con menos trámites que otros tipos de sociedades y se pueden matricular hasta de forma virtual. En el país ya hay 98.995 registradas.
Pero el superintendente de Sociedades, Luis Gabriel Villa Villegas, aclara que el problema no es de la figura de las SAS, los mismos delitos hallados en la Dian se habrían podido cometer con otro tipo de sociedades.
Paños para frenar hemorragia
Para él, la supervisión debe poder hacerse de forma automática y en tiempo real, a partir del cruce de información entre bases de datos disponibles en todos los entes de control, bancos y centrales de riesgo. Hoy todavía median solicitudes respondidas en grandes cartapacios con cientos de hojas.
"Las entidades de vigilancia deben saber en tiempo real quiénes son los controladores de las sociedades que funcionan en el país y que las sociedades estén obligadas a reportarlo", explica Villa.
Saber quiénes son las personas de carne y hueso detrás de las sociedades aún tiene vacíos legales, pues no todas las empresas están obligadas a revelar sus accionistas. Por eso el Superintendente anunció que se presentará una iniciativa legislativa en este sentido, posiblemente junto a la nueva reforma tributaria.
Una cura: formalización
Otros 'dientes' para supervisar a las empresas es la aplicación de la ley 1429 de 2010. El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera destaca dos de sus propósitos: reducir la informalidad empresarial y depurar el registro mercantil de las Cámaras de Comercio.
Para lo primero, la norma dispuso incentivos tributarios y parafiscales para que nuevas empresas queden registradas. Al 31 de julio pasado, se realizaron 32.230 matrículas en el país, por encima del crecimiento neto esperado de Confecámaras.
Asimismo, las empresas morosas tuvieron una amnistía para ponerse al día en renovar su matrícula. La meta del Gobierno es reducir la informalidad empresarial en 20 por ciento, es decir 120.000 empresas.
En segundo lugar, desde el próximo 31 de diciembre se disolverán todas las personas empresas (personas naturales y jurídicas) que no hayan reportado actividad en los últimos 10 años.
"Con esto se disminuye mucho el riesgo de que haya mal uso de sociedades inactivas. Pero eso requiere establecer un régimen de liquidación mucho más expedito para las personas jurídicas", señala Jorge Villegas Betancur, secretario General de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
La gran paradoja
Pero al tiempo que muchas 'empresas de papel' desde enero de 2012 dejarán de ser un factor de riesgo de corrupción, otras que se formalicen o recién creadas entrarán al radar para ser vigiladas. Al 31 de julio, se matricularon 130.474 empresas en el país y otras 81.152 aprovecharon la amnistía.
A esa paradoja para los entes de control, cabe sumar que hoy la vigilancia se realiza de manera selectiva. En el caso de la Supersociedades se visitan cada año a 25.000 empresas seleccionadas entre un universo que ya pasa de las 300.000. Hoy las lupas están puestas con más prioridad en firmas de infraestructura, minería y exportadores
"Requerimos ampliar el espectro de vigilancia con más tecnología para tener información inmediata. no hacemos una vigilancia mayor porque no tenemos el personal y los recursos", señala el superintendente Villa.
El funcionario aclara que eso no quiere decir que eventualmente no se pueda hacer un barrido a todas las sociedades con nuevas herramientas de supervisión. Una de ellas es un software que se está desarrollando para intercambiar información entre todas las diez superintendencias. Estará listo para el próximo año.
De otra parte, es un hecho que en esta guerra contra las 'empresas de papel' hay un trabajo más coordinado entre Policía y Fiscalía con los entes de control para que haya una mejor supervisión, como lo demuestran los recientes hallazgos
Pero la cura completa para ejercer un control efectivo sobre las empresas, activas, inactivas, de papel o reales, va más allá de la tecnología, las reformas y los operativos conjuntos.
Así lo concluye el presidente de Confecámaras: "Se necesitan procedimientos absolutamente normatizados para saber, de principio a fin, cada paso de cada trámite. Lo otro es los entes de control cuenten con personal bien capacitado, con un entorno identificado y que se rote constantemente".
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