La Procuraduría General de La Nación divulgó este viernes el fallo de primera instancia que inhabilita y destituye por 20 años a dos oficiales, un suboficial y cuatro soldados, por la muerte de dos jóvenes, que fueron trasladados desde Soacha (Cundinamarca) a Cimitarra (Santander) con engaños, para asesinarlos y reportarlos como bajas de un hipotético combate con bandas criminales.
Estos miembros del Ejército pertenecían al Batallón de Infantería No. 4 “General Rafael Reyes Prieto”, con sede en Cimitarra (Santander). Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Vereda “El Brasil”, jurisdicción de ese municipio.
Los siete inhabilitados y destituidos son: el teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto; el teniente Eduar Antonio Villany Realpe; el sargento viceprimero Jesús Eduardo Niampira Benavides, y los soldados profesionales Nelson Ospina Tabares, Juan Carlos Álvarez, Germán Augusto Oliveros Tavares y Benancio Puentes Guapacha.
El caso ocurrió en 2008, cuando se expidió la misión táctica ‘Marfil’, que tenía como fin neutralizar y capturar a integrantes de bandas criminales al servicio del narcotráfico que realizaban extorsiones a ganaderos y comerciantes de la región. La misión culminó con la muerte de dos personas ajenas al grupo ilegal, humildes y desempleadas que vivían con su familias en el sur de Bogotá y que, por consiguiente, tenían la calidad de personas protegidas.
Las víctimas fueron contactadas en Bogotá, con la promesa de darles un trabajo, lo que facilitó su traslado.
La Procuraduría determinó que la misión ‘Marfil’ no tuvo fundamento real, y que tampoco fueron correctos los boletines de información correspondientes a los días 3 y 4 de marzo de 2008 sobre la situación de orden público en el sector.
Estableció, entonces, que se manipularon documentos oficiales para dar un carácter legal a la muerte de dos personas protegidas por la normatividad interna e internacional, por lo que la actuación se calificó como homicidio doloso.
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