Una Unidad de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema ordenó ayer la inspección judicial a diferentes sedes de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país, con el fin de recolectar información para determinar responsabilidades en los estragos sufridos durante la temporada invernal.
Según fuentes de la Fiscalía, las diligencias serán realizadas por agentes especializados del CTI, quienes recopilarán elementos, como copias de contratación de los últimos meses y los distintos acuerdos suscritos para la construcción de barreras que evitaran el desbordamiento de los ríos y demás mecanismos para la prevención de emergencias, la atención de desastres y el acatamiento de las recomendaciones del Ideam.
Una de las primeras sedes de las CAR que será inspeccionada es la Autónoma Regional del Departamento de Atlántico, sobre la cual se tienen denuncias e investigaciones abiertas por presuntos hechos irregulares de contratación.
Esta investigación se desprende la denuncia instaurada por el abogado Abelardo de la Espriella, ante el despacho del propio fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, para determinar la responsabilidad de los directores de las Corporaciones Autónomas, especialmente los de la Región Caribe, por la aparente destinación irregular de recursos para enfrentar los efectos del invierno.
Igualmente, la Fiscalía investigará a cerca de 808 alcaldes y Gobernadores de los departamentos principalmente afectados por el invierno, sobre sus acciones y destinación de recursos frente a la emergencia invernal.
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