Convencido de que muchos de los problemas de la Rama Judicial no pasan necesariamente por una reforma constitucional, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez , propone una mayor participación de la ciudadanía en el acompañamiento de los procesos de la administración de justicia y un mayor compromiso de los funcionarios.
¿Cómo va la aplicación del Código Administrativo?
“Estamos con las salas de audiencias, pero los requerimientos del nuevo estatuto tienen una gran demora porque en el Consejo Superior de la Judicatura no hay mucha eficiencia. Con el hundimiento de la reforma a la justicia, el Gobierno se comprometió con la dotación de la plataforma tecnológica e informática y con la construcción de la totalidad de las salas de audiencia. Con ello se podrían liberar algunos recursos con los que se puede incrementar la oferta judicial, dotar más juzgados y modernizar su organización interna para que operen con los mecanismos de oralidad que reducirán el término de la decisión y con ello hacerle el quite a esos procesos de 20 años que son una vergüenza para cualquier sistema”.
¿De qué forma la ciudadanía apoya este proceso?
“Se hizo una convocatoria para que la ciudadanía acompañe al Consejo Superior de la Judicatura, porque su sala administrativa es un organismo muy centralizado, poco eficiente. A fin de lograr que esa máquina se mueva, se constituyó un comité nacional de carácter ciudadano, para apoyar una reforma sin modificar la Constitución. Ya agotamos la primera fase, que es la administrativa, para ver si con las leyes que tenemos le podemos dar un vuelco a la administración de justicia. Si se generan obstáculos de orden formativo pensaríamos en reformar la ley y solo cuando hayamos agotado esos recursos pensaríamos en reformar la parte constitucional”.
¿Hay tensión entre el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura?
“Lo que pasa es que el modelo tiene unas fallas que son estructurales, como tener una sala de abogados con actividades operativas. Y en los 20 años de funcionamiento se ha marcado una tendencia de centralización del manejo de los recursos y entonces la inversión, concursos, carrera judicial, modernización de los organigramas judiciales, se vuelve muy dispendioso o no sale. Ahí se abren huecos para clientelismo, para la ineficiencia de los recursos. Solo va un 27 por ciento de ejecución en los planes de infraestructura, hay muchos problemas que solo se pueden solucionar con acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Para eso es la participación ciudadana, para que acompañe esos procesos”.
¿Cómo ve la justicia?
“Veo con mucha angustia la situación de la Rama Judicial, porque tenemos un órgano administrativo que no funciona, lo que bloquea cualquier proceso. Tenemos una carrera judicial que debe modificarse para que sea el mérito el mecanismo que defina el ingreso y la permanencia. Tenemos buenos sueldos para magistrados de tribunal, pero no el compromiso que quisiéramos de ellos. En el campo penal, la falta de estabilidad organizacional de la Fiscalía es lamentable y la aplicación del sistema acusatorio no es tan satisfactorio como se quisiera. Hay también una asimetría salarial grande: mientras los magistrados ganan 20 millones de pesos, los jueces de circuito ganan cinco millones y los municipales cuatro, y esa disparidad impacta. Falta compromiso, los concursos no están funcionando bien y la capacitación no es continua”.
¿Y cómo resolver esos problemas?
“El gran trauma con la reforma a la justicia es que esos problemas administrativos los querían resolver con cambios constitucionales, eso la sociedad lo tiene que saber. Para que se gasten los recursos, se financie la dotación de juzgados, se amplié la planta de personal y se impulsen nuevos códigos no se necesita tocar la Constitución. Y con el pretexto de los problemas que ya mencioné, se quería reformar la Constitución para beneficiar al Congreso, para beneficiar una situación extraña que es el régimen jurídico y disciplinario de los magistrados de las altas cortes, lo que no tiene nada que ver con el ciudadano de a pie. Eso era absolutamente perverso, además que le quitaba a la justicia la autonomía y la independencia. Nuestros problemas son totalmente funcionales no del modelo constitucional. Es más, nuestro modelo constitucional es digno de mostrar al mundo como poder judicial que puede ser sólido”.
¿Los nuevos códigos sí ayudarán?
“Esa es la idea, pero nuestros jueces y abogados vienen de una escuela donde prima la forma y la especulación. Cambiar la cultura tomará su tiempo”.
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