El Gobierno Nacional debería ir haciendo pedagogía acerca del progreso y los alcances que puede tener el proceso de paz que se negocia en La Habana. Y no responder a quienes discrepan de los métodos utilizados en los diálogos con descalificaciones altaneras.
Hasta ahora subsisten muchos interrogantes, no pocas dudas, sobre las implicaciones que se pueden derivar cuando se firme el tratado de paz. No solo en materia económica e institucional, sino de dignidad y soberanía para el propio Ejército colombiano.
Hay que llevarle tranquilidad, no solo a la opinión pública del país, sino al Ejército. Convencerlo de que es un proceso transparente, sin trampas. Despejar la sensación –bastante generalizada por cierto- de parálisis en las acciones militares y de desconfianza en las políticas de seguridad del gobierno.
Las tropas no ven hoy con claridad y certeza lo que sigue si el proceso cuaja, como lo anhelan las mayorías nacionales. El interrogante de qué va a pasar con el Ejército, finalizado el conflicto, sigue vigente. Las Fuerzas Armadas ven con reticencias -estimuladas por contradictores de las conversaciones en La Habana- que a los negociadores de la guerrilla se les llenan de promesas políticas y jurídicas, en tanto oficiales y suboficiales de las instituciones militares van a las cárceles, detenciones coreadas por sesgadas organizaciones internacionales.
Hay incertidumbre acerca del fuero militar, arbitrariamente calificado como un retroceso por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Se han planteado una serie de colisiones de competencia para juzgar a los uniformados, hechos que las Fuerzas Armadas miran como un saboteo de grupos radicales que aun sueñan con verlos entre rejas.
Se interrogaba en estos días una columnista de un diario bogotano sobre quiénes y cómo irán al Congreso los cabecillas de la guerrilla. Qué circunscripción especial tendrán. O si saldrán a resucitar la UP o a crear otro partido. Lo que sucedería con los actores de crímenes de lesa humanidad. Si la justicia transicional se aplica sólo a la subversión y no a las Fuerzas Armadas.
No se conforma buena parte de la opinión pública con la razón exclusiva, como argumento de convencimiento, de que es mejor que disparen frases en el parlamento que balas en el monte.
Es cierto que la paz hay que conseguirla. Buscarla como solución política al conflicto, como insiste Nicanor Restrepo. Con los costos que generan beneficios. Comprarla como inversión "con retorno asegurado". Pero sin caer en la ingenuidad, en improvisaciones, tragando toda clase de sapos que envenenan la dignidad nacional.
Busquemos la paz, convenciendo a los escépticos con razones lógicas y con argumentos sólidos. No para fundamentar sobre sus buenos resultados -así sea una paz fragmentaria y no total- una reelección presidencial, un premio Nobel. Si aquella y este se dan como consecuencia del éxito del proceso, sería un hecho explicable. Pero no moverla como proyecto exclusivo, de obtener réditos personales y electorales.
Sacudamos la paz para salir del atolondramiento. Pero buscando lo mejor para la sociedad y sus fuerzas militares. Hay que darle seguridad y tranquilidad al Ejército. Solo así se dejará de especular sobre "ruido de sables" y mil historias más.
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