Se cerró el 2013 y lo primero que puede decirse es que este fue un año de trascendentes reformas económicas y sociales en China, así como también de ruptura con tradiciones y costumbres que han dejado un surco en la vida de sus 1400 millones de habitantes. Ese es el caso de la finalización de la política del hijo único que impidió el nacimiento de 400 millones de chinos en los años en que estuvo en vigencia. También fue un año de expansión internacional y de incisiva presencia en las naciones emergentes de África y América Latina.
2013 será por igual recordado en el terreno de la lucha contra la corrupción en el ejercicio del poder ya que en los pasados doce meses se evidenciaron ante el mundo tanto la enorme debilidad que bulle en el seno del Partido Comunista como las correcciones que sus dirigentes intentan implantar.
Sin embargo, poco se ha escrito acerca del gigantesco paso emprendido por la gran nacional asiática a favor de los derechos humanos que data de apenas seis semanas y que acaba de ser refrendado por el órgano legislativo superior del país: la abolición de la "Laojiao", un mecanismo de encarcelamiento y castigo discrecional, y el desmantelamiento progresivo de los campos de reeducación a partir del 2014.
Esta decisión no es una iniciativa espontánea de sus autoridades sino el reflejo de los airados reclamos de la sociedad civil y de la comunidad internacional en torno a un sistema de encarcelamiento sin juicio que data de los años de la administración de Mao Tse Tung.
El gobierno chino ha puesto punto final, hace pocos días, a un mecanismo ampliamente utilizado en contra de prostitutas y drogadictos y delincuentes de poca monta que dio origen, en su evolución, a detenciones irregulares en contra de detractores del régimen, contrarrevolucionarios y capitalistas. Este permitía su encarcelación sin juicio por "delitos menores" durante periodos de 4 años.
A decir de los expertos, gracias a la aplicación de la "Laojiao" lotes colectivos de miles de personas fueron enviados, en un solo acto, a campos de trabajo por haber protagonizado hechos en contra del sistema comunista. La realidad es que hoy, 310 centros de reeducación, rurales o industriales mantienen bajo rejas a cerca de 400.000 personas por estos "delitos", aunque el ministro de Justicia apenas reconoce a la mitad de estos detenidos.
A nivel de Naciones Unidas y de organizaciones defensoras de derechos humanos se ha mantenido una voz de alerta en contra de este sistema de corrección comunitaria utilizado principalmente para reprimir la disidencia y para darles un viso de institucionalidad a numerosos abusos de parte de las autoridades. La Laojiao durante seis décadas ha otorgado la posibilidad a oficiales del orden público a condenar a los disidentes a trabajos forzados durante los cuales reciben ingresos tan exiguos como 1,3 dólares mensuales.
El Tercer Pleno del Partido Comunista en este mes de diciembre, emitió una directiva con 60 puntos destinados a mejorar el ambiente en materia de respeto de los derechos humanos. En fin, un importante paso de avance se ha cumplido al cerrar el 2013 en el terreno del respeto de las libertades individuales, aunque aún resta por ver la forma y el tiempo en el que se materializarán estos cambios, incluyendo la reducción del número de delitos castigados con pena de muerte, otro gran avance de las autoridades antes del inicio del nuevo año.
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