El paro cafetero dejó al Gobierno Nacional y a la Federación de Cafeteros de Colombia (Federacafé) como los grandes perdedores, aunque los costos en términos económicos y políticos están aún por determinarse.
La solución brindada a la prolongada y caótica protesta de los caficultores deja en evidencia que la política cafetera ha fracasado en su intento de resolver los problemas productivos y de ingresos de los cultivadores del grano, a pesar de los importantes recursos fiscales que ha demandado.
Mientras otros países productores, que no cuentan con el andamiaje institucional que tiene Colombia, ni disponen de los apoyos que aquí se conceden, ganan espacio comercial, nuestro país lo pierde.
El marco institucional heredado de la época del Acuerdo Internacional del Café ha hecho que en la ejecución de la política cafetera intervengan, mancomunadamente, Gobierno y Federación. En muchos casos esta última actúa como juez y parte, como en la exportación del grano, y, en otros, como un agente del Gobierno, lo que le hace perder su condición de entidad gremial, independiente.
Parecería que Gobierno, productores y sociedad olvidaran que la Federación es una entidad de derecho privado y la conciben como un brazo del Ejecutivo para tratar de resolver los problemas de un sector de la economía nacional.
Por eso habría que entenderse a cabalidad de qué habla el Gobierno cuando anuncia una revisión de la institucionalidad cafetera y propone una "constituyente" para ello.
La organización de esa institucionalidad en torno al principal producto agrícola de exportación es una prioridad. Sin embargo, es necesario diferenciar los roles y las competencias del Estado y los del gremio, de tal forma que se acabe con las zonas grises y de complacencia mutua entre ambos actores.
En materia de regulación se tiene que avanzar hacia la creación de una especie de agencia estatal que cumpla muchas de las funciones que hoy, por delegación, tiene la Federación. También es necesario que se revise el Contrato suscrito entre el Gobierno y la Federacafé, así como los mecanismos de ejecución del mismo.
Por su parte, el gremio cafetero tendrá que resolver los problemas de representatividad, manejo y organización de la Federacafé, cuyas fisuras mostró este paro. Los caficultores tienen que ser conscientes de que la interlocución eficaz con el Estado demanda de un gremio fuerte y solidario.
Al mismo tiempo, caficultores y Gobierno deberán revisar la estrategia de desarrollo que deberá seguir el sector cafetero. Y, entre otras cosas, evaluar la pertinencia y eficacia de la actual política cafetera y analizar su financiamiento.
El acuerdo para levantar el paro, basado en un subsidio de 145 mil pesos que se suma al precio de la carga de café, beneficia, de momento, al cafetero, pero lo puede acostumbrar a depender de esta subvención estatal, agravando el problema de competitividad. Y abre una ventana para que otros sectores productivos exijan lo mismo.
Por eso, el sector cafetero tiene que evaluar la conveniencia o no de mantener un fondo de estabilización de precios. Igualmente, se tendrá que asegurar la competitividad de las fincas cafeteras o, en su defecto, emprender programas de reconversión productiva. Al mismo tiempo, se tendrá que avanzar, de manera más agresiva, en el campo comercial.
Ojalá que, a la mayor brevedad posible, se adopten las medidas correctivas necesarias, para evitar que en pocos meses estemos repitiendo los acontecimientos de los últimos días.
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