La Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, es una legislación especial aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional, que concede privilegios penales a los excombatientes que confiesen unos hechos, respondan penalmente por ellos y reparen integralmente a las víctimas. No es un indulto ni una amnistía.
Si bien estamos lejos de conocer la verdad sobre nuestra violencia y de imponer las sanciones respectivas, se resalta el esfuerzo de la Fiscalía General. En los tres años de vigencia, la Ley 975 ha recibido 1.400 versiones libres, lo que le ha permitido desentrañar la responsabilidad individual de más de 6.000 homicidios, así como localizar 1.000 fosas comunes, según información de Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Creemos que, por fin, comienzan a alejarse los nubarrones de la impunidad, presentes por largos años en nuestro conflicto.
La reparación a las víctimas es un punto neurálgico. Como la entrega de los bienes de los excombatientes no ha sido la esperada, el presidente de la CNRR ha propuesto impulsar las investigaciones judiciales por testaferrato, y la creación de las comisiones regionales de restitución, para que los afectados denuncien las propiedades que les fueron arrebatadas. Medidas que consideramos no sólo pertinentes sino de aplicación urgente para evitar que se burle a las víctimas, so pena de excluir de la Ley de Justicia y Paz a quienes no las indemnicen.
Una consecuencia trascendental de la Ley 975 es que ha permitido sacar a la luz pública las relaciones entre parte de la clase política colombiana con los grupos criminales, dando origen a los procesos de la parapolítica y farcpolítica. Procesos dolorosos pero necesarios para la depuración de los partidos y la consolidación de la democracia de nuestro país.
En el balance de Ley 975 hay aciertos y sombras. La desmovilización de cerca de 40 mil personas, la entrega de gran parte de las armas, la drástica reducción de masacres, secuestros y delitos políticos, son tangibles hechos de paz. El rearme de algunas bandas emergentes, el limbo jurídico en que se encuentran cerca de 19 mil desmovilizados, la irrisoria suma de bienes entregados por los desmovilizados para la reparación, y la necesidad de establecer mecanismos de colaboración de los jefes de las ex Auc extraditados, son graves vacíos que exigen imperiosas y urgentes decisiones.
Las dificultades no son pocas. Pero ya hemos recorrido un valioso camino para derrotar la impunidad frente a los crímenes atroces, vengan de donde vinieren. Colombia no puede renunciar a este sueño de paz.
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