El Gobierno Nacional consideró que con la adopción de un estado de emergencia social frenó la crisis que generó el desplome de las captadoras ilegales de dinero.
El Gobierno expidió en la noche del miércoles los últimos decretos que buscan beneficiar a los estafados.
"La emergencia social fue definitiva. Se logró frenar el proceso de estafa colectiva. Se intervinieron las empresas ilegales, se están administrando los recursos para salvaguardar los intereses de los ciudadanos y con los últimos decretos se agiliza el proceso para que rápidamente sean devueltos a los damnificados los recursos que entregaron", declaró el ministro Fabio Valencia.
Los dos últimos decretos otorgan facultades a los agentes interventores para que presenten con cero impuestos las declaraciones de renta de las empresas intervenidas. Además, la Superintendencia financiera, además del Ministerio de Hacienda, asumirá los gastos que generen las intervenciones.
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