El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez sabe que su tarea es revisada con lupa. Que cada uno de sus actos es analizado con una curiosidad de laboratorio. Se siente víctima de una guerra sucia, piensa que le están pasando cuentas de cobro por la independencia que, dice, ha aplicado en su actuar público desde que era magistrado del Consejo Nacional Electoral.
No le preocupa. Afirma que hace su trabajo con pulcritud y que la entidad que dirige marcha como un relojito en el desarrollo del cronograma electoral.
Pero hay algo que lo mortifica. Asegura que las campañas políticas de 2011 están marcadas por una guerra sucia que está lastimando, no solo a los demás partidos, sino a las instituciones electorales.
Usted dijo recientemente que "la guerra es la continuación de la política", ¿por qué lo dice?
"Es una frase de Von Clausewitz, muy conocida. Si usted mira la agudización de los conflictos en estas elecciones, eso es lo que indica. Hoy se utiliza lo que llamaría guerra sucia. A mi me llegan cantidad de correos de esta guerra sucia y, solo de Medellín, son tres o cuatro. La persecución entre candidatos es muy fuerte. Las elecciones son un sustituto de los enfrentamientos violentos para escoger a los gobernantes. En Roma envenenaban a los emperadores o en la época de los militares, los generales romanos se envenenaban unos a otros durante las intrigas para definir jerarquías. Se trata de enlodar todo lo que tenga que ver con la democracia y las elecciones. Ya no solo se atacan a los candidatos entre sí, sino que de manera sorprendente, se ve algo que no pasaba en muchas elecciones, lo digo porque fui magistrado del CNE: Este año se abrió una caja de Pandora de ataques que no dejará a salvo ninguna institución. Eso es una degeneración de la democracia. Se está llevando a extremos tales que la guerra no solo se está dando entre facciones políticas, sino contra las instituciones electorales".
Y a usted en particular...
"Si, pero además se está viendo que no solo me atacan a mi, como persona, sino a mi familia. Entiendo que hay cosas que vienen de tiempo atrás que han disgustado a mucha gente. Pero cuando una persona deslegitima un poder que en sí mismo debe conservar legitimidad como es la organización electoral, lo que va a generar es que no haya confianza y el pacto democrático que reemplaza la guerra por la paz, consiste en que alguien le diga a un político usted tiene más o menos votos, no más o menos fuerza".
¿Por qué, a pesar de todo esto, está motivado a quedarse en el cargo?
"Yo soy una persona que está sujeta a la escogencia por parte de los presidentes de las Cortes. Creo que he ejercido el cargo de manera independiente y hasta cierto punto he entendido que la independencia es un asunto que incomoda en un país donde hay tantas complicidades. Lo segundo es que se han sentado bases para un sistema democrático mucho más transparente, cuando se han producido 23 millones de cédulas como proceso del proyecto de renovación, eso le permite hacer una identificación biométrica de los ciudadanos y permite modernizar el proceso electoral a través de medios electrónicos. Lo que yo propondría, al margen de si soy escogido o no, es cerrar una brecha tecnológica muy grande que existe entre la identificación y las elecciones. No tiene sentido que, por ejemplo, un NN llegue la Fiscalía de Medellín y allí, en cosa de dos minutos, le leen las huellas y se dé una identificación completa de esa persona. En cambio usted encuentra que en las elecciones votan muertos y hay suplantaciones. El mito fundacional de la Registraduría está ligado a que solo hay democracia, si hay una identificación transparente y eficiente. Se ha puesto en crisis el sistema de identificación electoral, permitiendo suplantaciones, no dejando que opere una identificación exacta y certera. Nuestros mapas de riesgo indican que la mayoría de las nulidades electorales se dan en razón de suplantaciones electorales".
Esa revisión de firmas que ustedes anuncian uno a uno, suena como inverosímil, ¿cómo la están haciendo?
Uno a uno, es uno a uno. No hay escapatoria. Impugnaron una fórmula y la única manera de que sea verificada una muestra es contando el universo. No hay otra manera estadística de hacerlo. Afortunadamente solo ha sido una, de 200".
¿Por qué tiene uno la sensación de que no hay una autoridad en el país con los suficientes dientes para castigar los delitos electorales?
"Está muy bien perseguir lo delitos, pero muchos de ellos serían controlables si cerramos esa brecha entre una identificación moderna y digital y unas elecciones de papel. Le explico. Muchas de esas fases en las que ocurren los delitos se pueden reemplazar por procesos electrónicos. La inscripción de ciudadanos se realiza en papel y así se puede hacer trashumancia. Qué sentido tiene llenar a mano los datos sobre un formulario cuando existe una base de identificación electrónica. Eso es absurdo, porque hemos encontrado muertos inscritos. Tenemos el censo bastante depurado y eso se ha demostrado. Se tiene que crear un sistema que funcione como un datáfono en las registradurías y se inscriba la huella, así es imposible la trashumancia. Pasa igual con los jurados de votación, que también se pueden suplantar, pero si se identifican con la huella digital es imposible y se controla la asistencia de los jurados, como las empresas controlan a los empleados".
Pero usted ha dicho varias veces que implementar este tipo de tecnología requiere de voluntad política y que de eso no hay.
"Es verdad, pero qué hacemos rasgándonos las vestiduras y jugando ping-pong cuando hay que ser radicales. Hay una brecha tecnológica entre la identificación y lo electoral. Hay que llegar a un acuerdo y dejar de estar lamentándonos de los fraudes y acusándonos unos a otros, estar desprestigiando y deslegitimando las instituciones, porque en este proceso las instituciones sufren y lo peor es que al final nos damos cuenta de que hay personas que le han firmado a todo el mundo. ¿Qué significado tiene un grupo significativo de ciudadanos así?".
Se dice que la reforma política cogió mal parados a los partidos y a la organización electoral. ¿Qué piensa?
"Así fue. Pero es que en ninguna parte del mundo se aplica una reforma política faltando tres meses para las elecciones. En Brasil, por ejemplo, está prohibido hacer reformas seis meses antes de los comicios. Claro que tiene que coger mal parada a la Registraduría. El presupuesto se diseña en marzo del 2010 y no hay ninguna norma presupuestal que sea lo suficientemente flexible como para hacer modificaciones tres meses antes de una elección ajustándose a la ley. Sin embargo, en el organismo tenemos todos los procesos al día. Se publicó el censo electoral, las listas de candidatos, se sortearon los jurados. ¿En qué estamos fallando?"
¿Cómo se va a ajustar el censo electoral?
"Nos tenemos que regir por la ley actual y creo que en ese orden de ideas el censo está bastante depurado. Entre el año 2008 y el 2011 se han dado de baja en el Archivo Nacional de Identificación casi cuatro millones de registros civiles. El censo está siendo permanentemente depurado. Nuestra revisión de cédulas está al día. Mis preocupaciones no son de orden técnico, me preocupa que el escenario de la lucha política se ha vuelto contra las instituciones electorales para desligitimarlas".
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