Algunos ex comandantes del Ejército deberán enfrentar una nueva batalla, esta vez, en los estrados judiciales para aclarar sus actos en la retoma al Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, tras la toma guerrillera del M-19.
Casi 23 años después tendrán que explicar sus responsabilidades durante una acción de rescate que convirtió en un misterio la vida de 11 personas.
Los generales en retiro del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina comparecerán ante un fiscal de la unidad de delegada ante la Corte Suprema de Justicia el 30 y 31 de julio para aclarar estos hechos.
Para 1985 Arias Cabrales comandaba la Brigada XIII del Ejército, y fue retirado del servicio activo en 1990, luego de que el procurador de ese entonces, Alfonso Gómez Méndez, lo sancionara y destituyera. Sin embargo, una decisión del Consejo de Estado de febrero de 2005 anuló esa decisión y ordenó el reintegro.
Por su parte, el general, también retirado, Samudio Molina quien dirigía el Estado Mayor Conjunto y segundo responsable militar después del ministro de Defensa del momento, general Miguel Vega, deberá explicar las ordenes que lo comprometen.
Los dos militares son considerados por los familiares de las víctimas como claves para establecer dónde están los restos de sus seres queridos
Estas declaraciones se sumarán a lo dicho por el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega en el juicio que arrancó el pasado viernes.
Éste fue el primer encuentro formal entre los familiares de las víctimas, la justicia y el ex militar, señalado como responsable de la desaparición de algunos de los empleados de la cafetería.
René Guarín, portavoz de las víctimas y hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas del Palacio dijo sentir una "prudente felicidad acompañada de expectativa por esta nueva fase que comienza para lograr recuperar los restos de su hermana".
"Con esto se completó el mapa de los presuntos responsables de la desaparición de Cristina y de otras diez personas. De está manera la Fiscalía ya cumplió su papel de tener la última pieza clave con la vinculación de los máximos comandantes del operativo de retoma", explicó.
Su preocupación ahora son los tecnicismos jurídicos que podrían echar por la borda todo el proceso.
Colprensa quiso conocer los descargos que al respeto pudieran ofrecer los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina sin obtener respuesta. Los dos aseguran que sólo le hablarán a la fiscalía.
Otras investigaciones
Hace casi 10 meses la Fiscalía aseguró que para establecer a plenitud las responsabilidades debían ser investigados el ex presidente Belisario Betancur y los generales retirados Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina.
Según la Fiscalía, el propósito de esa decisión era determinar si los altos oficiales del Ejército, y el entonces jefe de Estado "pudieron tener o no participación en los hechos de desaparición".
Estas decisiones serían las más relevantes desde que se ordenó reabrir el proceso en diciembre de 2005.
Con esta determinación también se completa una lista de diez militares señalados como presuntos responsables de estos hechos, entre los que se encuentran los coroneles en retirado Edilberto Sánchez Rubiano, quien era el comandante de inteligencia del B2 de la Brigada 13 del Ejército y Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la escuela de caballería. Así como el capitán Oscar William Vázquez Rodríguez, quien perteneció al servicio de inteligencia de las FFMM.
Además, otros cuatro suboficiales que hacían este departamento militar están incluidos en la investigación. Se trata de los sargentos viceprimeros Luis Fernando Suárez Parra y Ferney Causaya Peña, al igual que los sargentos vicesegundos Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez y quienes adelantaron en la Casa del Florero las inspecciones y la verificación de la identidad y los antecedentes judiciales de los rehenes liberados.
Así mismo, por estos hechos, está detenido el general (r) Iván Ramírez Quintero, quien se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contraiteligencia (Coci).
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