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07 de febrero de 2013
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En el mundo, la inseguridad se ha convertido en el principal problema de los centros urbanos. Esta realidad está matizada por el incremento de la violencia y el crimen generado por niños y adolescentes, en un contexto de aumento del narcotráfico y del crimen transnacional organizado.

La nefasta situación nace y se desarrolla desde el núcleo familiar, caracterizado muchas veces por violencia intrafamiliar. Emerge en un ambiente de marginalidad, pobre cohesión social, metodologías inadecuadas para su tratamiento y, consecuentemente, pobre capacidad de respuesta institucional.

Colombia es un caso que ejemplariza esta realidad. Diariamente los medios de comunicación nos informan de múltiples contravenciones y delitos contra la vida, el patrimonio y el Estado, mezclados con casos horripilantes de violencia intrafamiliar, sexual y de género, causados generalmente por jóvenes con bajo nivel educativo y mínimas oportunidades para una vida digna.

En la columna anterior me referí al Índice de Gobernanza Mundial y sus cinco indicadores. En uno de ellos, el de paz y seguridad, (desglosado en Seguridad Nacional y Seguridad Pública) obtenemos 0.6 sobre 1.0, lo cual indica que ocupamos el deplorable puesto 174 entre 179 países analizados, (solo superamos a Irak, Afganistán, Sudán, El Congo y Somalia) debido principalmente al conflicto armado, desplazados, criminalidad, clima político adverso y bajo grado de confianza entre los conciudadanos.

Esta situación patética debería merecer especial atención de nuestra sociedad; al contrario, nos solazamos con las diatribas entre grupos políticos que anteponen sus intereses a lo fundamental para la Nación. Carecemos de una visión que focalice ideas y acciones hacia la responsabilidad social, la prevención, la solidaridad y la participación organizada de la población.

Tal trabajo no es fácil, pues como bien dice Édgar Morin, "no se puede reformar la institución sin haber reformado antes las mentes, pero no se pueden reformar las mentes si antes no se han reformado las instituciones".

La tarea implica reaprender a pensar y encontrar esa vocación misionera que subyace en el alma de cada ser humano.

En tal sentido y dentro de las actividades de ONU-Hábitat se está trabajando la idea de constituir la Plataforma Global de Ciudades Seguras, PGCS.

Su lanzamiento se hizo a fines del año pasado en Nápoles (Italia), y cuenta ya con la adhesión de países como Alemania y Suecia, más de 100 ciudades importantes y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Europeo de Seguridad Urbana.

No existe aún una red global e integral dedicada a la seguridad urbana. Por ello, la PGCS debe verse como un proceso prometedor en que las naciones y ciudades involucradas puedan encontrar asistencia técnica, experiencia y lineamientos eficaces para la prevención del crimen, la seguridad y el desarrollo humano.

Laudable sería que la institucionalidad colombiana y las Ong inmiscuidas en estos temas lograran la inclusión del país en la construcción de esta realidad para compartir conocimientos y socializar mejores prácticas, con el firme propósito de contribuir a modificar nuestro deprimente estado de inseguridad.

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