La Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) convocaron esta semana a una importante discusión en Bogotá para debatir el tema de la impunidad en los crímenes cometidos contra periodistas en Colombia y en el resto de la región.
Con gran preocupación se informó que en los últimos 13 años fueron asesinados 125 periodistas en nuestro país, sobre los cuales sólo se han proferido 16 sentencias condenatorias.
Ante la poca actividad judicial es necesaria una pronta acción del Estado para fijar una política pública criminal, y no seguir respondiendo tan sólo frente a temas coyunturales. Es urgente diseñar una reforma estructural en materia penal, legal e investigativa, con miras a frenar la impunidad.
En el foro se recordó el vil asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector de La Patria, y la relativa impunidad alrededor de su homicidio, ya que con base en un serio estudio elaborado por los abogados Rodrigo Uprimny y Guillermo Puyana, sobre el proceso contra el autor material de este homicidio, se concluyó que éste recibió una corta condena por causa de los beneficios injustificados otorgados.
Esta amarga experiencia debe llevar a una revisión juiciosa de estos mecanismos de privilegios, de la llamada "justicia premial", que perpetúan la impunidad, la que ya de por sí es una violación de los derechos humanos.
Y es que el asesinato de periodistas reviste una doble gravedad, por la pérdida de la vida y la eliminación de la libertad de expresión, lo que puede conducir a una sutil autocensura y a la limitación del periodismo de investigación.
En el ataque a un periodista normalmente hay que presumir la voluntad de acallar la opinión. Algo que en un Estado Social de Derecho es inconcebible, así como la impunidad de los crímenes, no sólo contra periodistas sino contra todo ciudadano.
Lo cierto es que la impunidad sólo se combate con la pronta y cumplida justicia.
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