Al magistrado de Justicia y Paz, Álvaro Cerón Coral, no le van a meter goles. Así ha quedado claro luego de que no admitiera hasta ahora tres imputaciones parciales de cargos contra desmovilizados de las autodefensas. El más reciente, Freddy Rendón Herrera, alias "El alemán".
Según este juez de control de garantías, la Fiscalía ha insistido en esta herramienta jurídica porque "le quedó grande" el proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, su compañero de sala, el magistrado Olimpo Castaño Quintero, no ha tenido inconveniente en recibir las imputaciones parciales, como en el caso del ex jefe del bloque Bananero, Hébert Veloza García, alias "HH".
Los dos, únicos jueces de control de garantías para Justicia y Paz en Antioquia han planteado un escollo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha resuelto.
Para Álvaro Cerón, quien además fue profesor del actual fiscal Mario Iguarán, la ley sólo permite las imputaciones parciales en un solo caso: cuando la persona se encuentra recluida en una cárcel de forma voluntaria y sin orden judicial.
Pero el 23 de julio de 2008 la CSJ dijo que no era necesario haber terminado las versiones libres para imputarles cargos a los postulados de la Ley 975, por lo sucedido en la audiencia con el desmovilizado Wilson Salazar Carrascal, alias "El loro", en Barranquilla.
Ese día, cuando le serían imputados los cargos, el postulado dijo que había olvidado confesar otros delitos y otros hechos, entonces "la Corte admitió imputaciones parciales en esos casos porque estaba incompleta la versión y eso tiene qué ver con el derecho de defensa. Pero la Corte todavía no se ha pronunciado sobre imputaciones parciales que motu proprio la Fiscalía ha intentado", dice Cerón.
Por esta posición al juez se le han venido encima la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las mismas víctimas, con el argumento de que el magistrado está importunando la celeridad en los procesos y que más se tardará la reparación a las víctimas.
"Para las víctimas lo peor que les puede pasar es que les fraccionen los procesos, porque un desmovilizado con muchos cargos puede llegar a tener veinte o veinticinco procesos. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de ellos se presentan las víctimas?", dice él.
Para un experto en derecho penal, académico y profesor universitario que pidió reservar su nombre, la necesidad de realizar imputaciones parciales refleja una deficiencia en la estrategia de persecución penal de la Fiscalía General de la Nación.
"El hecho de que tres años más tarde de aplicación de la ley (Justicia y Paz) la Fiscalía no esté en capacidad de hacer una imputación que refleje los patrones, generalidad y sistematicidad de las violaciones perpetradas por los grupos paramilitares, refleja una acción institucional deficiente".
El experto agrega que es necesario buscar soluciones que permitan a las víctimas avanzar en su ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Para el juez Cerón, lo peligroso de las imputaciones parciales es que no son coherentes con una de las condiciones para beneficiar a un postulado con la pena alternativa (entre 5 y 8 años de cárcel).
"En el momento que el señor no cuente toda la verdad no es merecedor de la pena alternativa y se va para la justicia ordinaria. Pero se va a justificar diciendo que la suya era una imputación parcial y pasarán cinco años más de imputaciones parciales hasta que tengan la pena cumplida. ¿Y entonces cómo los van a obligar a reparar?".
EL COLOMBIANO quiso conocer los argumentos del magistrado Olimpo Castaño, que sí ha admitido las imputaciones parciales, pero explicó que él no está obligado a sustentar sus decisiones en este caso.
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