El año termina con un sabor agridulce para los miles de inversionistas que fueron damnificados por la crisis del Grupo Interbolsa. Un colapso que, según la Fiscalía, tuvo de por medio conductas dolosas de parte de sus directivos, para los que ha pedido a los jueces condenas entre 8 y 10 años de prisión. Los damnificados, cuyo anhelo por la acción de la justicia no mengua, apenas han comenzado a recuperar a cuentagotas parte del dinero que vieron esfumarse. Parte de él fue invertido sin su consentimiento en maniobras especulativas.
Este diario, a lo largo del año, ha documentado las maniobras financieras que tenían como objeto la toma de la textilera Fabricato, codiciada no tanto por sus fortalezas como productora de telas, sino por sus valiosísimos terrenos. Tanto en la década de los 70 del siglo pasado -con Félix Correa Maya- como ahora, esas aventuras terminaron mal, comprometieron el ahorro público y obligaron a rescates dolorosos por parte de las autoridades.
El gobierno de Juan Manuel Santos reclama haber conjurado el efecto bola de nieve sobre el mercado financiero. Los expertos le llaman “efecto sistémico” y el riesgo era evidente, pues Interbolsa era la comisionista líder del mercado bursátil, con una partipación superior al 30 por ciento. La legalidad -por lo menos nominal- de sus servicios, avalados con la frase “vigilados por la Superfinanciera”, generaba en los usuarios una natural confianza.
De esa confianza abusaron los dueños y administradores de esas sociedades, como queda confirmado al aceptar su presidente, Rodrigo Jaramillo Correa, tres de los delitos que le imputó la Fiscalía.
Sin embargo, los últimos informes publicados por este diario han llamado la atención sobre debilidades en la labor de supervisión de la Superfinanciera. Y estas no datan del 2012, año en que, a juicio de la Procuraduría, existían elementos suficientes para que el ente de vigilancia tomara la decisión de suspender la negociación de la acción de Fabricato en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Consta en análisis de la propia Superfinanciera, que desde enero de 2010, Fabricato informó a aquella entidad del incremento notable de transacciones accionarias de dos compañías y un accionista que, de seguir el trámite regular de la normatividad accionaria (vigente desde 2009), tendrían que haber adquirido sus títulos a través de una Oferta Pública de Adquisición.
Pero en su momento, la Superfinanciera descargó en Fabricato la responsabilidad de establecer si Corridori y sus amigos constituían un solo beneficiario real. Mientras tanto, Corridori adquirió no solo las acciones de Fabricato, sino que se “tomó” la Junta y ubicó, por decisión unánime de esta, a un empleado suyo como asistente de la Presidencia, accediendo así a información privilegiada que reforzara los planes de valorizar en bolsa la acción de la empresa, para luego vender la firma al mejor postor. Temas como este quedan entre los pendientes para la Justicia.
Por otro lado, los $ 9.000 millones que devolverán a las víctimas del Fondo Premium son una buena señal pero a todas luces insuficiente, considerando que esos clientes de buena fe esperan salvar más de 300.000 millones de pesos.
La Justicia debe determinar las responsabilidades penales y civiles. El Gobierno aún debe trabajar para que las víctimas salven hasta el último peso que tienen allí comprometido.
La labor de la superfinanciera impidió que hubiera un efecto contagio
Por Gerardo Hernández
Superintendente Financiero
Lo primero que yo destaco es la labor que hizo la Superintendencia para evitar que hubiera un contagio en el sistema financiero. Las acciones que se tomaron permitieron que, a pesar de que Interbolsa era la compañía más grande en el mercado, evitáramos que su crisis tuviera efectos secundarios y eso permitió también que el mercado de valores pudiera seguir teniendo una dinámica positiva. Lo segundo es que se tomaron correctivos importantes en materia de regulación, para evitar que algo similar volviera a presentarse.
Destaco también las investigaciones administrativas que han permitido que hoy en día ya se hayan imputado las personas que han resultado responsables de la afectación a terceros en el caso Interbolsa.
La información que se puso a disposición de la Superintendencia Financiera desde el mes de julio del año 2012 era la que conocía el mercado con respecto al comportamiento de la acción de Fabricato.
La comisionista cumplía con sus normas de solvencia, de liquidez, y el supervisor tiene que actuar frente a hechos, no frente a rumores, intuiciones ni percepciones, porque eso es lo que permite que el mercado funcione bien. Si había unas percepciones de que la firma comisionista no andaba bien, eso nunca se reflejó en su comportamiento.
