1- Estados Unidos obligó a la sociedad colombiana no sólo ha diseñar su política criminal de los últimos 30 años, sino que también impuso el desarrollo exclusivamente militar y policivo de la lucha contra el narcotráfico. El país puso los muertos en esta guerra inútil. Ministros y ex ministros; magistrados, jueces, policías y militares, entre otras personas. Y a pesar de todo, persistimos en el error.
Durante años los carteles de la droga arrinconaron a las instituciones oponiéndose a la extradición, incluso tuvieron injerencia en la Asamblea Nacional Constituyente para que por Constitución ésta se prohibiera. Luego de los muertos, del desbarajuste institucional y de forzar la creación del combustible que alimenta a guerrillas y paramilitares, el Estado por fin pudo revertir la superioridad frente a dichos grupos, pero sin que lograra terminar el negocio ni extinguir a las organizaciones que viven del mismo. Hoy quienes manejan el negocio no sólo no se oponen a la extradición sino que buscan que los Estados Unidos los reciban con los brazos abiertos, para entregar sus dólares, aceptar condenas reducidas y luego disfrutar de una vida nueva bajo el sueño americano.
2- El éxito inicial del nuevo ministro del Interior y Justicia de aclimatar las tortuosas relaciones entre el gobierno y la Rama Judicial, quedó en entredicho con la pálida propuesta de reforma a la justicia. Más paciencia y mejor información debió tener el ministro Valencia, pues lo lógico era elaborar un buen proyecto de reforma, más allá de los temas de mecánica de elección de magistrados; sin volver a la criticada cooptación y teniendo en cuenta además la ya tramitada reforma a la ley estatutaria de la justicia. Una verdadera reforma debe estar dirigida a los temas importantes, tales como desarrollar lo que la nueva ley estatutaria dice sobre la oralidad en todos los procesos; cómo permitir el acceso a la justicia de los ciudadanos; cómo descongestionar los despachos judiciales; qué controversias no deben llegar hasta los jueces; cómo evitar que un proceso se demore 15 años; cómo reducir la generación de demandas por las entidades estatales, entre otras. Estamos cerca de tener un proyecto que llegará al Congreso sin el estudio y propuestas de quienes precisamente manejan la justicia.
Y hablando de justicia, reprochable el desarrollo que ha tenido el caso del contraalmirante Gabriel Arango Bacci. Ni al más tonto se le ocurre dar una constancia a grupos mafiosos sobre recibo de pago de un soborno. Como era de esperar, la defensa del contraalmirante logró desvirtuar la validez y autenticidad del documento. Ya uno de los testigos claves admitió que fue sobornado por el teniente Juan Carlos González para que mintiera e inculpara al funcionario. ¿Quién y qué hay detrás de este azaroso caso? En una lucha tan desigual ante el poder descomunal de la Fiscalía, queda una familia destrozada, una carrera militar fracasada y una vez no exista el más mínimo argumento se tendrá que reconocer el error. ¿Y quién asumirá el pago de los perjuicios causados? Pues toda la comunidad y no los funcionarios que han incurrido en semejante despropósito.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
