Mauricio Valencia, secretario de Infraestructura de Antioquia, se abstuvo de referirse al fallo sancionatorio de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación.
Se le revoca la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años, proferida en primera instancia por el ente de control. En la nueva decisión lo suspenden por 8 meses.
Dijo que no entrará en polémicas y que cuando sea notificado en forma oficial se referirá al caso. Tampoco señaló quién lo reemplazaría en el cargo. "No voy a caer en la tentación de hablar sobre esos agravios públicos que se han hecho en algunos medios por algunas personas", reiteró.
"Yo no sé cómo andan por la calle con esos documentos públicos que ponen en tela de juicio la Procuraduría General de la República y Regional de Antioquia", sostuvo.
Señaló que ha defendido el actuar de la función pública bajo las normas y la ley y que espera que se restablezcan los derechos a los que apelaron.
El fallo también cobija a Sebastián Álvarez Díaz, gerente de Proyectos Estratégicos de la Gobernación de Antioquia, y a Juan Carlos Restrepo Monsalve, director general de Proyectos Estratégicos con una suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses. Asimismo suspende por diez meses a Óscar Orlando España Pulido, director de Asuntos Legales.
La defensa
Jaime Arrubla Paucar, abogado del secretario de Infraestructura de Antioquia, señaló que aún no ha sido notificado oficialmente, pero que la información recibida señala una situación diferente frente al fallo en primera instancia del Ministerio Público.
En el primer fallo, la Procuraduría había destituido e inhabilitado al funcionario por 11 años para ejercer cargos públicos por haber revocado la adjudicación del contrato para la construcción de la doble calzada de 4,1 kilómetros que conectará la carrera 80 con el túnel Fernando Gómez Martínez, obra que cuesta 89.350 millones de pesos.
Arrubla dijo que la defensa analizará el fallo cuando lo reciba oficialmente y tomará las decisiones respectivas. Inicialmente, se plantea la posibilidad de adelantar acciones ante el contencioso administrativo o una acción de tutela.
El abogado señaló que reciben con satisfacción la información que se tiene hasta el momento, pues la sanción drástica le fue revocada. No obstante, el jurista se declaró inconforme porque la decisión mantiene la suspensión.
Agregó Arrubla que tiene un concepto jurídico de un expresidente del Consejo de Estado en el sentido de que el proceso de licitación se puede catalogar como criterio razonable. Eso significa que no tiene culpa ni dolo. No hay acto imprudente en las acciones del funcionario de la Gobernación de Antioquia, manifestó el abogado.
Carlos Mario Betancur, represente legal del consorcio Coparco, conformado por las Conasfaltos, Copcisa y Arquitectura y Concreto, dijo que no conocen el fallo, porque no hacen parte del proceso, aunque a ellos les adjudicaron inicialmente el contrato.
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