Nada hay más fácil que volver sobre hechos dolorosos de la historia nacional, cuando ha pasado el impacto inicial y ya los ciudadanos no sienten con la misma fuerza el dolor de patria que sintieron en el momento en que ocurrían tales hechos. Nos referimos a la Toma del Palacio de Justicia por parte de guerrilleros del M-19, que habían concretado una alianza con el mal llamado cartel de Medellín para borrar los expedientes que los magistrados de la Corte Suprema estudiaban con detenimiento para definir el tema de la extradición.
Pero había otra motivación tanto o más perversa: darle un golpe de Estado al Presidente Belisario Betancur. La toma no fue una acción ni pacífica ni moderada, si es que se puede hablar de moderación ante tales planes. Fue una toma violenta de principio a fin, lo que exigió una respuesta contundente por parte de la Fuerza Pública.
Sin embargo, ahora se quiere mandar a la cárcel a otro de los héroes que impidieron un golpe de Estado. Primero fue la injusta condena al Coronel Alfonso Plazas Vega. Ahora se trata del General Jesús Armando Arias Cabrales. Pero lo más triste es que buena parte de la acusación contra ambos se basa en el testimonio de un hombre llamado Édgar Villamizar quien, para el momento de la cruenta toma estaba en Granada, Meta, y por lo tanto, no pudo ser testigo de los hechos. En el caso de Plazas dicho testimonio fue clave para su condena.
Estos juicios han sido irregulares de principio a fin. La defensa no ha contado ni con el tiempo ni con las garantías para defender al Coronel y al General. La Fiscalía los ha atacado con saña y no se ve la independencia debida entre los jueces y la Fiscalía. Es como si tanto el Coronel como el General tuviesen que ser los chivos expiatorios para darles gusto a sectores de la izquierda que parecen olvidar cuál era el objetivo de la toma a sangre y fuego.
Pero lo más irónico es que el país fue generoso con los integrantes del M-19. Los amnistió, les permitió ser fuertes en la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo fruto, la Constitución de 1991 estará cumpliendo 20 años el próximo 4 de julio. Y los acepta como parlamentarios o autoridad civil allí donde han sido elegidos para ejercer algún cargo administrativo. No estamos contra esta generosidad, pero sí esperábamos que los beneficiarios fueran consecuentes con tal gesto de la mayoría de los colombianos y se manifestaran en contra de estos remedos de juicio que ningún bien le hacen a Colombia. Todo lo contrario: desestimulan a quienes habían decidido servir a la patria desde la Fuerza Pública, que no sólo ven estos ejemplos dramáticos sino que observan cómo muchos de sus compañeros de armas son judicializados mientras los violentos están libres y continúan con su sinrazón de destruir la democracia que con tanto esfuerzo, dolor, sangre y lágrimas se ha ido construyendo.
Veinticinco años después de la toma sangrienta del Palacio de Justicia, cuando muchos la sienten como un dolor lejano y muchos otros ni siquiera habían nacido, unos jueces tan olvidadizos como inequitativos tratan de volver culpables a quienes lo único que hicieron fue evitar que Colombia rodara por el despeñadero de la ilegitimidad. Imaginemos, por un solo instante, qué habría pasado si el M-19 logra sus objetivos ese día. Ahora, cuando parece que sólo se concreta una desaparición, la de Irma Franco, unos militares de alto rango van a la cárcel sentenciados con base en pruebas frágiles, por no decir deleznables.
¿Así se construye país? Creemos que no. Todo lo contrario: quienes hicieron la toma cruenta descubren ahora que harán realidad su macabro sueño con la colaboración de una justicia injusta y politizada. ¡Pobre país!
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