Los combos presionan la venta de alimentos en algunas tiendas de barrio, sin marca comercial ni registro del Invima, para financiar sus actividades ilegales.
Con modelos estadísticos de lo que ocurre en algunas comunas, la Universidad Eafit confirmó lo que ya muchos habitantes conocen sobre esta práctica delincuencial, que no es nueva.
Según resultados preliminares, el Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit mostró que los combos controlan la venta de productos de consumo masivo como huevos, pollo, arepas y leche.
El estudio para la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín apunta a desentrañar el entramado de la criminalidad en Medellín que se extiende a diversos sectores económicos, dentro de la cultura del dinero fácil fomentada entre los jóvenes por el narcotráfico y acunada por la pérdida de valores.
Además de actividades extorsivas y de microtráfico, los delincuentes han ampliado su radio de acción buscando lucrarse de otras actividades económicas, como la apropiación de inmuebles para beneficiarse de obras públicas.
Los mismos concejales de Medellín han denunciado que las bandas se apropiaron de recursos del Presupuesto Participativo, mediante la extorsión o la ejecución directa de obras, adjudicadas a la comunidad. Y se recuerda la preocupación de las autoridades de Medellín para contener el persistente interés de estos grupos ilegales de hacerse al control de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
Hechos recientes pusieron en evidencia también, según las denuncias de la administración municipal, la relación entre las bandas y personas que se apropian del espacio público en el centro de la ciudad para el ejercicio de diversas actividades, muchas de ellas ilegales, como el contrabando y la piratería. Esto explica el caos desatado tras el anuncio de la intervención de las autoridades para la recuperación de esos espacios.
Los ilegales han convertido hasta la seguridad en un negocio. Protegerse de la misma delincuencia tiene un costo para el comercio y esta es otra rama de la que se nutren los grupos armados.
Y como se sabe, los combos están al servicio de estructuras más poderosas, de ahí la dimensión de esta economía informal de la cual se lucran las bandas criminales (bacrim), desde el tráfico de armas y drogas, y toda clase de “vacunas”, hasta el más reciente fenómeno de incursión en la minería y la explotación de madera.
Medellín y Antioquia no son un caso excepcional en el país, pero el estudio de la Universidad Eafit, que pone los datos en su contexto, es una voz de alarma que obliga a las autoridades a tomar decisiones, así argumenten que no han recibido denuncias concretas.
Los tenderos que se han opuesto a estas acciones han tenido que abandonar sus negocios y la comunidad, intimidada por la acción de los violentos, no siempre tiene el valor civil para denunciar, pues primero está el derecho a la vida.
La Policía, pese a la lucha constante contra estas bandas, con golpes contundentes a sus estructuras y cabezas, muchas veces se ve maniatada frente a estas prácticas, bien por falta de denuncia o bien por falta de acción de la Fiscalía para judicializar a las personas que captura.
Esperamos que el estudio, una vez concluido, sirva a la Alcaldía para tomar decisiones para que la tienda siga siendo una actividad empresarial digna, cada vez más insertada en la economía formal, y que hay que proteger pues resulta fundamental en la vida del barrio.
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