Desde cuando conocimos la decisión de un número importante de trabajadores de la empresa Metro de conformar un sindicato, aseguramos que el derecho a la libre asociación era un principio constitucional, pero que no debía estar por encima de derechos constitucionales.
Lo advertíamos porque, infortunadamente, el sindicalismo en Colombia, en muchas ocasiones, no ha sido para reivindicar derechos colectivos, sino para beneficiar a unos pocos.
En el caso del Metro podría estar haciendo carrera esa idea, y esperamos que las peticiones de los trabajadores en términos de mejoras laborales no se "descarrilen".
Las protestas del pasado miércoles fueron pacíficas, pero terminaron por perjudicar a cientos de miles de usuarios del sistema de transporte masivo, y vulneraron un derecho fundamental: el de usar un servicio público esencial.
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