La polémica está creada. Mientras el Gobierno dice que pretende despolitizar la justicia y sanear las costumbres políticas, voces como las del procurador Edgardo Maya Villazón se alzan para denunciar que la propuesta de las reformas hechas públicas en los últimos días no serán más que un nuevo "manoseo" a la Constitución.
El clima comenzó a calentarse desde el pasado 20 de julio cuando el Presidente, en la instalación del Congreso, advirtió lo que se venía: "En los próximos días presentaremos el proyecto de Reforma Constitucional con temas políticos y de justicia. (?) Compartimos la tesis de acompañar la lucha contra la impunidad individual con la sanción a los partidos. (?) La reforma a la justicia debe evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política (?) Invitamos al Congreso a sacar adelante la mejor reforma".
Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Según algunos analistas, no hay coherencia entre lo que ahora busca abrirse paso y lo que el mismo Mandatario dijo tres meses atrás, en un discurso pronunciado el 22 de abril, en una jornada complicada por la situación del senador Mario Uribe, quien había decidido pedir asilo en la embajada de Costa Rica ante su inminente captura, sindicado por nexos con Auc.
Ese día, mientras firmaba el decreto de reparación administrativa a las víctimas de la violencia, Uribe dijo: "pienso que la Constitución del 91, en términos generales, es muy buena. Y ojalá en Colombia nos curáramos del afán de estar a toda hora tocando la Constitución".
Ahora, quien pone la cara es el ministro Fabio Valencia, encargado de destapar las cartas iniciales de las dos reformas. Sus famosos 'borradores, desataron una tormenta política, por los alcances y consecuencias que la propuesta del Gobierno tendría en la democracia colombiana.
Quizás fueron las ideas de reforma a la justicia las que generaron mayores reparos. El procurador Edgardo Maya la calificó como "un desmonte de la Constitución del 91". La Corte Constitucional decidió devolver el borrador y al igual que el Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que la reforma es "improvisada y sin estudios". Para el Consejo de Estado fue "insuficiente" mientras que la Corte Suprema de Justicia la calificó de "inconveniente e inoportuna", sobre todo cuando se adelantan investigaciones penales a más de 60 congresistas.
Pero Valencia Cossio amainó la tormenta con la frase más habitual de su reciente repertorio: "hay que concertar". Eso deberá hacer con la rama judicial y con los partidos políticos, pues además, con más de un centenar de recomendaciones en la manos, hechas por la llamada Comisión de Notables, los ajustes a la Constitución parecen ser la principal obsesión del Ministerio del Interior, al menos este año.
Con esos ajustes busca, según sus palabras, "mayor independencia y autonomía" para la justicia, y "mayor fortaleza y transparencia" para quienes participen en la arena de la política.
Para muchos sectores, políticos y de opinión, los borradores parece que no cumplirían esos propósitos. Sin embargo, en su intención de concertar, Fabio Valencia, dijo que no son proyectos definitivos, esos serán conocidos el próximo 15 de agosto, cuando las secretarías de Senado y Cámara, los reciban.
Mientras tanto, las cuentas del Gobierno son que los cambios que plantean sean aplicados en junio de 2009. En ese momento, así funcionaría la justicia y la política en Colombia, según algunos de los ajustes.
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