La seguridad es y debe seguir siendo una prioridad nacional y no puede ser una bandera partidista, ni de la derecha, ni de la izquierda política; es un presupuesto para la convivencia en la sociedad. Una sociedad sin seguridad mínima es una donde lo que va a primar es la desconfianza entre sus miembros y todos los efectos derivados de allí.
Tradicionalmente las Fuerzas Militares están para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional, es decir, al Estado y sus instituciones.
La Policía se debe encargar prioritariamente de la seguridad ciudadana, pero queda un campo gris que es el de la seguridad pública -aquella que afecta a los ciudadanos de manera relevante y generalizada- y si bien éste debe ser tarea fundamental de la Policía, allí se puede y se debe contar con el apoyo y cooperación de las Fuerzas Militares.
El asesinato de diez campesinos en Santa Rosa de Osos, hecho absolutamente repudiable es, sin duda, un acto delincuencial que expresa una amenaza a la seguridad pública. Y por consiguiente un campanazo para las autoridades acerca de la prioridad de enfrentar estas organizaciones.
Más allá del debate, en el cual hemos participado, acerca de si las bacrim son una nueva generación de paramilitares, o una expresión de crimen organizado, lo real es que cuentan con comportamientos propios de crimen organizado, pero igualmente al pretender instalarse o consolidarse en regiones pueden acudir a métodos propios de sus antecesores, los paramilitares, donde la implantación del terror era la ‘puerta de entrada’ para tratar de imponer el control en un determinado territorio.
Y para ello no necesariamente requieren la presencia de ‘cuerpos de Ejército’ como lo pretendieron algunos grupos de paramilitares en el pasado.
Lo anterior señala que la lucha contra este tipo de organizaciones en lo fundamental requiere una fuerte y sofisticada actividad de inteligencia -técnica y humana- junto con actividades de contrainteligencia -no olvidar que estos grupos funcionan corrompiendo, cuando pueden, a las autoridades locales y esto debe contrarrestarse.
Un control real del territorio, para lo cual es necesario, pero insuficiente, la presencia de un puesto policial en las cabeceras municipales -se requiere una fuerza policial o militar que permanezca en el territorio haciendo presencia permanente.
Se necesita una presencia del Estado en sus distintas expresiones y muy especialmente de jueces e investigadores judiciales, pero claro, también maestros, médicos, etc., es decir, el Estado en su conjunto y se necesita un trabajo intenso de acercamiento con la población, que en últimas son los ojos y los oídos de las autoridades, si existe legitimidad y confianza en la misma.
Por consiguiente, las autoridades militares y policiales, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, deben aplicarse en la elaboración y ejecución de un plan nacional en este sentido -al inicio del actual gobierno se dijo que el Plan Troya respondía a esta amenaza-, pero sin que sean repuestas espasmódicas frente al último hecho sucedido, sino una acción permanente en esa dirección.
Hay que recordar que al inicio del gobierno Santos se dijo que las bacrim era la principal o una de las principales amenazas a las cuales debía enfrentar la política de seguridad del Estado, pero pareciera que la prioridad se centró solamente -copiando lo sucedido en la lucha contra la guerrilla- en los llamados ‘objetivos de alto valor estratégico’, es decir, los jefes de estos grupos delincuenciales y todo indica que esto es insuficiente, pues la capacidad mostrada de remplazarse lo ha evidenciado. Esperemos menos discursos de los responsables de la política de seguridad y defensa y más resultados.
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