Al magistrado Ariel Salazar Ramírez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le correspondió por reparto estudiar la impugnación que hizo la Procuraduría General de la Nación y el Gobierno Nacional de la tutela que restituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá.
Así, desde este viernes, el magistrado tiene 20 días para emitir una decisión y definir si confirma o revoca la tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a restituir en el cargo a Petro por estimar que el Gobierno debía acatar las medidas cautelares que le entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, al Mandatario distrital.
La Presidencia de la República impugnó la decisión reiterando su argumento inicial de que este tipo de medidas no son vinculantes y señalando que acatarlas implicaría que el Estado estaría prestando su consentimiento internacional para contraer obligaciones contrarias a la Constitución Política.
Por su parte, la Procuraduría reiteró que tanto la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Judicatura han señalado que esa entidad sí tiene competencias para ejercer el control disciplinario a servidores públicos de origen popular.
Además, para la entidad el Tribunal indujo al error al Presidente de la República, porque en su criterio, la sanción de la Procuraduría quedó intacta y por eso ahora Petro está en su cargo a pesar de estar destituido.
