México ofrecerá recompensas para quienes proporcionen información que ayude a esclarecer la desaparición de 43 estudiantes que se presume pudieron haber sido masacrados, un caso que ha puesto en tela de juicio la estrategia de seguridad del Gobierno para combatir al crimen organizado.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo este jueves que está elaborando la propuesta con el fin de recibir datos adicionales sobre el caso de los estudiantes de magisterio, desaparecidos el 26 de septiembre tras un enfrentamiento con policías en Iguala, una ciudad del sureño estado de Guerrero.
"Van a ser cantidades bastante serias para realmente promover la denuncia", dijo Murillo a Radio Fórmula, pero no mencionó montos.
Según la investigación, policías de Iguala y del municipio vecino de Colula se llevaron a los jóvenes y los entregaron a sicarios de un grupo de la delincuencia organizada llamado Guerreros Unidos, que siembra el terror en la zona y está coludido con autoridades municipales.
Más de 10 fosas han sido halladas en los alrededores de Iguala. Según peritajes de forenses locales, 28 cuerpos encontrados calcinados en varias de ellas, encontradas días después de las desapariciones, no son de los estudiantes.
El caso ha provocado protestas multitudinarias de estudiantes en Chilpancingo, la capital de Guerrero, en la Ciudad de México, exigiendo la aparición con vida de los jóvenes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa y la renuncia del gobernador del estado, Angel Aguirre.
Para el viernes está prevista una protesta en Acapulco, un famoso centro turístico también alcanzado por la violencia y ubicado también en Guerrero.
La presunta matanza ha desatado críticas a la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, quien había prometido aplacar la ola de violencia heredada de su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012).
Casi 30,000 personas han sido asesinadas durante los 20 primeros meses de la gestión de Peña.
