Seguro usted no querrá estar en los zapatos de Pedro*: desde hace 7 años se volvió un 'culebrero' mayor para sortear el pago de cerca de 590 millones de pesos que su exesposa y socia le dejó como herencia. Ella lo defraudó y se llevó al traste una exitosa fábrica de confecciones.
"Era una empresa muy acreditada, me dediqué a otros negocios, me confié y advertí tarde que ella abusó de su poder, gastó más de la cuenta y dio una sobredosis de deudas que terminó siendo mi ruina", cuenta Pedro, repitiéndose una lección de vida.
En su pesquisa a sus cuentas halló sobregiros, cheques millonarios de dudosa procedencia, préstamos inconsultos y cerca de 12 acreedores, entre bancos, particulares y el mismo Estado.
Salió del 60 por ciento de la deuda quedándose sin casa, sin apartamento y sin finca y sin otros activos entregados en dación de pago. Pero hoy todavía tiene culebras de 140 millones de pesos, entre ellos, 60 millones con varios bancos. Con cada uno ha negociado acuerdos de pago entre amenazas de embargos, presiones psicológicas y enfrentando abogados de todo tenor.
"Ha sido un proceso desgastante pero quiero limpiar mi nombre en el sistema financiero a como dé lugar y volver a ser empresario, no un asalariado más".
Si él lo quisiera, y como última carta para lograr salir del atolladero, tiene la Ley 1380 de 2010, que establece un Régimen de Insolvencia para las personas naturales que no sean comerciantes.
Después de 20 meses, esta ley fue reglamentada el 7 de septiembre mediante el Decreto 3274 (disponible en www.presidencia.gov.co) y plantea importantes novedades en legislación financiera para los morosos que viven con la sombra de embargos, desalojos y procesos ejecutivos.
La norma cobijaría a más de 15 millones de colombianos que no han cumplido a tiempo con sus obligaciones financieras y da la oportunidad de renegociar deudas con bancos, particulares, la Dian y otras entidades del Estado.
Pero este 'salvavidas para morosos', no es una cajita de bondades de la que se pueda abusar para dilatar el pago de obligaciones o promover la cultura de no pago. De hecho, advierte Asobancaria, es indispensable que el deudor revele todos sus activos y deudas a todos sus acreedores y en un solo proceso de negociación colectiva de acuerdo de pagos.
Los centros de conciliación reconocidos, como el de la Cámara de Comercio de Medellín, evalúan la posibilidad de implementar o no la atención de trámites de insolvencia que propone la Ley.
A juicio de Rafael Peláez Arango, jefe de Conciliación de la entidad, "este mecanismo de negociación de deuda implica riesgos procesales si no se cuenta con toda la buena fe del deudor y ánimo conciliatorio de los acreedores. Puede terminar siendo más caro el remedio que la enfermedad".
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
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