Después de un ruinoso experimento para imponer duras sanciones a narcotraficantes que duró 30 años y resultó en encarcelamientos en masa, los legisladores lo están pensando dos veces. Muchos estados, incluyendo a Texas, han reformando sus leyes con el propósito de reducir sentencias. El Congreso está considerando seriamente el Acta de Sentencia Inteligente, que haría lo mismo.
Más recientemente, el Fiscal General Eric H. Holder Jr. anunció que el Presidente Barack Obama piensa usar su poder de otorgar perdón presidencial para liberar a cientos y hasta miles de presos federales con condenas relacionadas con narcóticos (soy parte de un comité para entrenar a abogados para el proyecto). Algo así no sucedía desde que el Presidente John F. Kennedy indultó a más de 200 presos que pagaban penas relacionadas con tráfico de drogas.
Desafortunadamente, nada de esto ofrece solución al problema de fondo: seguimos usando el peso de los narcóticos como símbolo de la culpabilidad de un individuo acusado, a pesar del fracaso absoluto de esta política. Si un capo importa 15 kilogramos de cocaína al país y le paga a un camionero 400 dólares para que lo lleve, ambos podrían recibir la misma sentencia. Esto es porque las leyes miran las máximas y mínimas sentencias como un asunto ligado al peso, en gramos, de las drogas, en lugar de mirar el papel y la responsabilidad del acusado.
Debimos haber aprendido del caso de Al Capone, quien prosperó en una era de prohibición y violencia. No conducía un camión de cerveza ni vigilaba el whisky, y eso lo hacía difícil de procesar. Y aún así no hemos cambiado la estructura de las leyes para priorizar correctamente el encarcelamiento de aquellos principalmente responsables del tráfico de drogas. En cambio, los estatutos basados en peso y las directrices para sentenciar permiten que la ley arreste a "mulas" y distribuidores callejeros y los tilde de capos. No hay diferenciación real entre el vendedor mayorista más culpable y un vendedor callejero ocasional.
En 2010, el Congreso aprobó el Acta de Sentencia Justa, que modificó las proporciones entre el crack y el polvo de cocaína y las sentencias de 100:1 (quiere decir que la misma sentencia aplica a 100 gramos que a un gramo) a 18:1.
Lo que el Acta de Sentencia Justa no logró fue cambiar el enfoque centrado en el peso de las drogas que ha llenado nuestras cárceles de condenados por narcóticos. En 1980, antes de que fueran implementados los más estrictos estándares de peso, había 4.749 de estos prisioneros pagando penas en cárceles federales. En 2013, ese número era de 100.026. En cuanto a las drogas, siguen aquí.
La ley agrava el problema al considerar a todos los miembros de una supuesta conspiración como igualmente culpables. Imagine un grupo de cuatro personas que deciden comprar y distribuir pastillas de metanfetamina de Méjico. El líder sabe cómo conseguir la metanfetamina a precio de costo y tiene el capital para comprarlas. Organiza con un amigo para entrarla al país, y con otros dos para venderlas y obtener ganancia. El líder recibirá 80 por ciento de las ganancias, el traficante recibe el 10 y cada vendedor recibirá el cinco por ciento. Si los cogen, es probable que todos reciban la misma sentencia, a pesar de roles muy diferentes.
Una mejor medida de culpabilidad sería la ganancia que cada individuo saca de la operación de una red de narcotraficantes. Porque las conspiraciones de narcóticos son nada menos que una compañía. Las personas con las habilidades más importantes, capital invertido o habilidades de emprendimiento ganan más dinero. Los estatutos y directrices deberían ser reescritos para que los umbrales de ganancia reemplacen a los de peso. Sólo entonces "mulas" y vendedores callejeros pagarán sentencias más cortas que los verdaderos capos.
Esto crearía un nuevo reto para abogados e investigadores, quienes tendrán que demostrar las ganancias que un acusado individual le sacó a una operación. No será tan fácil como agarrar a las "mulas" y a los vendedores de la calle. Pero lo "fácil" y lo "justo" rara vez están en paz el uno con el otro.
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