Por cuenta de la lucha entre las tres ramas del poder público, al tratar de imponer cada una de ellas una supremacía que a ninguna le corresponde, ha comenzado una nueva confrontación en las altas esferas del Estado, discrepancia nada útil para la institucionalidad y gobernabilidad del país. Parece que no nos basta con los actos demenciales que tenemos que afrontar, como el atentado de las Farc el pasado jueves a Ituango donde murieron varios compatriotas inocentes, sino que tenemos que asistir, además, a los actos de arrogancia de nuestros máximos dirigentes públicos. ¡No hay derecho a tantas desventuras!
La confrontación entre los poderes públicos es, a todas luces, absurda e inconveniente. Absurda, por cuanto los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado. Inconveniente, porque frente a la gran tragedia de los colombianos por causa de la guerra aún no ganada contra el terrorismo no se pueden distraer la atención y los esfuerzos de la institucionalidad en una puja por el poder.
Creíamos ya superada esa primitiva época, la de la pugna sin sentido para afianzarse en el mando. Pero no es así. En las últimas semanas hemos asistido a espectáculos bochornosos, brindados por todas las ramas. El presidente Uribe sugirió que les preguntaran a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro acerca de unas manipulaciones de testigos. También insinuó, de forma general y abstracta, que desde alguna instancia judicial se estaría pidiendo dinero a un congresista investigado.
El Primer Mandatario afirmó que el "roscograma" judicial tenía que acabarse. Luego, ante las críticas y evidencia de que el clientelismo está presente en casi todo el Estado, hizo extensiva esta iniciativa para todos los poderes; es claro que este flagelo sólo podrá derrotarse a través de la meritocracia. Es decir, que los más idóneos y los más capaces sean quienes ocupen los puestos públicos.
Las acusaciones de la senadora Nancy Patricia Gutiérrez contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el trámite de la parapolítica, especialmente por el mal llamado proceso fantasma, y los presuntos sobornos a testigos para que cambien sus versiones en el caso del senador Rubén Darío Quintero, enrarecen el ambiente y permiten percibir una estrategia para tratar de cuestionar la Rama Judicial.
La Sala Penal de la Corte Suprema, en su comunicado "La verdad bajo la niebla", expresa que no hay radicados ocultos o procesos fantasmas. El Alto Tribunal en pleno fue enfático en pedir investigar a los funcionarios que intentan deslegitimarlo con ataques sistemáticos, y a la vez anunció denuncias ante órganos internacionales por las interferencias de las otras ramas. ¿Sí será viable y conveniente llegar a estos extremos?
El caldeado ambiente exige de los altos representantes de las ramas del poder público el deber ético de propiciar un debate sereno, máxime ahora que se discuten aspectos fundamentales para la democracia y su legitimidad, como las reformas política y judicial. ¿Será posible que primen los argumentos y no las pasiones?
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