Celebramos los propósitos, pero no los argumentos con los que la Cámara de Representantes de Estados Unidos quiere hacer una revisión de la política antidrogas que adelanta en varios países del hemisferio, entre ellos Colombia, porque parte de una afirmación maniquea, injusta y poco realista: el fracaso de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Claro que es necesario revisar la integralidad de los planes y Colombia pasa cualquier examen que se haga en materia de lucha contra las drogas, pues pocos países del mundo han pagado tan caro, en vidas humanas y en recursos económicos, el flagelo del narcotráfico y del terrorismo que lleva implícito, como para decir que hemos fracasado. Sería como decir que Estados Unidos es el único culpable del fracaso, bajo la tesis de que, pese a todos los esfuerzos, el consumo de alucinógenos no sólo no se ha reducido, sino que está en aumento en ese país.
Cualquier ecuación dará resultados inexactos si no se miran todos los componentes del fenómeno, desde la producción y el consumo, pasando por el lavado de activos, hasta la fabricación y el tráfico de precursores químicos, dentro de una cadena en la que todos somos responsables y no un asunto de "buenos y malos".
Sería recomendable que algunos congresistas demócratas que ahora promueven cambios drásticos de su país en la lucha contra el narcotráfico entendieran, de una vez por todas, que los recursos girados por Estados Unidos al Plan Colombia no son limosna ni filantropía, sino parte de la mínima corresponsabilidad que les asiste con una nación que sigue sufriendo los rigores de esa alianza perversa entre narcotráfico, grupos armados ilegales y terrorismo.
Razón tiene el Gobierno colombiano en advertir de la equivocación que significaría un retroceso en la ayuda antinarcóticos por parte de Washington, máxime si se compromete la vigencia de las políticas sociales y se pone en riesgo la consolidación de la legitimidad de las instituciones, puntos fundamentales de la Política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe.
Nadie, ni con dos dedos de frente, se atrevería a poner en duda los resultados del país en materia antidrogas, con la erradicación de cultivos ilícitos (18 por ciento en 2008) y la reducción de la producción de cocaína (28 por ciento), según la ONU, así como las 206 toneladas de droga decomisadas por las autoridades colombianas, el año pasado.
Claro que falta mucho y sería romántico pensar que todo se ha hecho bien. No. Las amenazas siguen latentes, porque mientras haya demanda, habrá oferta, y lo más sensato es reconocer que nos podemos volver a equivocar si aceptamos la simple y unilateral legalización de las drogas, como lo proponen algunos dentro y fuera del país; o peor, si defendemos la tesis de que la dosis mínima es un asunto del libre desarrollo de la personalidad. Ahí sí, apague y vámonos.
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