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HISTÓRICO
No hay quien frene la minería ilegal en el Bajo Cauca
JUAN FERNANDO ROJAS T. | Publicado el 22 de marzo de 2014
Mientras lee este artículo, en el Bajo Cauca hay un número indeterminado de dragas ilegales y retroexcavadoras revolcando toneladas de arena en las riberas y afluentes del río Nechí, derribando árboles,  abriendo enormes cráteres en la tierra.

Sacan, día y noche, un oro que no les pertenece, sin tener título minero, y menos una licencia ambiental, no deben reforestar un centímetro y no pagan un peso de impuestos al Estado. En suma, un negocio redondo sin control alguno que, según el dueño, se llama minería informal o minería criminal, igual ambas por fuera de toda ley.

Y sin quien detenga de forma efectiva las rentables operaciones, pues los costos son una tercera parte de lo que valdrían cumpliendo todas las normas, cada vez son más las dragas brasileras y buldóceres que no se bastan con degradar los baldíos de la Nación, como pudo constatar este diario el 4 de marzo pasado, durante un sobrevuelo y recorrido por el río Nechí.

Dentro de los títulos asignados a la empresa Mineros S.A. para extraer oro con sus dragas en los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza, las otras dragas, las “brasileras” ilegales, ya han degradado, 4.161 hectáreas, por lo menos. Eso es casi la mitad del área urbana de Medellín.

Con 42 puntos de minería ilegal a lo largo del río Nechí identificados, y advertidos a todas las autoridades desde el 7 de febrero pasado, se calcula que son al menos 60 dragas que, sumado a la maquinaria pesada, pueden emplear de forma irregular a unas 700 personas, casi la misma cantidad de trabajadores de Mineros, la mayor productora legal de oro del país.
 
Destruir lo recuperado

Pero la sed avara por esas pepitas doradas no tiene límites, y menos ambientales. Unas 1.200 hectáreas han sido recuperadas y reforestadas por la compañía, para compensar el impacto de su operación. Sin embargo, 134 hectáreas, lo equivalente a 181 canchas de fútbol profesional, dejaron de ser verdes: se sumaron a una costra amarilla que crece todos los días por cuenta de la minería informal y criminal.

Y como la creencia es que de donde se sacó oro, quedó oro, los invasores decidieron volver desde el año pasado a ‘reciclar’ las tierras consolidadas ambientalmente donde crecían bosques, plátano, maíz y otros cultivos. Por esos predios pasaron hace más de siete años las dragas legales de Mineros, pues bien, hoy  40 hectáreas de parcelas agroforestales están convertidas en grandes huecos y colinas de arena y barro.

“Solicitamos la acción enérgica del Estado para controlar estas actividades ilegales que destruyen sin consideración el esfuerzo de recuperación ambiental…”, escribió con impotencia Beatriz Uribe, presidente de Mineros, a la Gobernación, Secretaría de Minas, Corantioquia y los ministerios de Minas, Ambiente y Defensa.

La petición se da luego de agotar todas las herramientas jurídicas del titular minero y porque no han servido de nada, dice la carta, 13 amparos administrativos ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), e igual número de avisos a las alcaldías, informes a la Policía y denuncias ante la Fiscalía. Esto sin contar 174 reportes, de nuevo a las autoridades competentes, de igual número de invasiones mineras registradas con maquinaria pesada desde junio de 2010.
 
¿Y quién responde?
Desde el 6 de marzo pasado, El Colombiano buscó respuestas en todas las autoridades competentes, pero al cierre de esta edición, 16 días después, el Ministerio de Medio Ambiente ni la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía atendieron la reiterada solicitud de qué acciones efectivas harán ante el tema.

Entre tanto, las otras dependencias locales, departamentales y nacionales que tienen algún grado de responsabilidad coinciden en tres cosas: advertir lo compleja de la situación, las limitantes normativas para actuar y que falta mucho por hacer.

Sin embargo, siempre aclarando su estricta competencia, tampoco ofrecen salidas oportunas. Son más los anuncios  que las acciones para detener un cáncer ambiental que no solo afecta los títulos de Mineros (ver Reacciones).

Por ley, quien debe ser el primero en responder ante estas situaciones es el alcalde. En el caso de El Bagre, su mandatario, Harold Echeverri Avendaño, señaló que “estamos en trámite de revisar cómo esos predios son restablecidos en lo minero, social y ambiental” y aclara que se ha presentado la debida atención a todos los requerimientos administrativos que direcciona a la Policía.

Pero  este excomerciante de oro omite que el Código de Minas lo obliga a no solo actuar por solicitud, sino de oficio, y en sus respuestas se advierte su prevalencia por “más capacitación y menos represión, esta última solo cuando la tenga que haber, pero no debe ser la constante”. De fondo, ¿qué garantías de seguridad puede tener Echeverri si enfrenta la minería criminal? ¿le conviene políticamente en un pueblo minero irse en contra de la mayor fuente de ingresos de sus pobladores?

Enterado del caso de Mineros, el coronel José Gerardo Acevedo Ossa, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, dijo que “pronto se intervendrá en el Bajo Cauca” y todo indica que procede la destrucción de maquinaria, a partir de unas leyes vigentes que considera laxas. El Bajo Cauca entra a lista de prioridades, según el oficial.

Él lidera la Fuerza de Tarea Conjunta contra la minería criminal, creada el 7 de febrero pasado. Esa nueva instancia del Gobierno sienta en la misma mesa a coordinarse a 12 ministerios y entidades. Además tiene 600 policías, 250 funcionarios y el apoyo local del Ejército en los operativos que, por cierto, tardan por lo menos en 15 días para prepararse, mucho más tiempo que el necesario para una draga moverse del sitio denunciado (ver recuadro).

Por su parte, la Gobernación de Antioquia se asume como “articulador” y sin competencia directa, coinciden los secretarios de Gobierno, Santiago Londoño, y de Minas, Claudia Cadavid. El primero argumentó que “no existe una política minera integral en el territorio que reconozca características particulares en cada región.  Con lo que hay hoy, se puede, básicamente, reaccionar y contener”.

La segunda, recalcó que su “labor está asociada a la minería legal” y, que ya se instauró en el Bajo Cauca el primer laboratorio de formalización del país con 150 unidades mineras (entables) y 100 ya fueron diagnosticadas. Ahora falta que se terminen de elaborar planes de manejo técnico y ambiental para entrar en “transición a la legalidad”. Pero es un proceso que va para largo y en él se amparan los dragueros invasores ante cualquier requerimiento, como se pudo verificar.

Desde Corantioquia hay gran preocupación por los efectos de la minería ilegal, pero hay limitaciones insalvables para que pueda aplicar las sanciones de ley: “no todas las zonas están bajo control de la Policía y el Ejército (…) y cuando hay una actividad ilícita cuidada por alguien con un fusil no aplica ir a decir: ‘vea, vine a ponerle una medida preventiva de la actividad’ o ‘por favor, quita la draga y se la lleva’, eso no va a pasar”, puntualizó Alejandro González Valencia, director de esta autoridad ambiental regional.

Desde la Vicepresidencia de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se informó por escrito a este diario que en lo que va de este año ya tienen registro de cuatro solicitudes de amparos administrativos interpuestos por Mineros S.A. "De acuerdo con la competencia otorgada por el Ministerio de Minas y Energía, es la Gobernación de Antioquia, en cabeza de la Secretaria de Minas, la encargada del seguimiento y fiscalización de las actividades mineras en El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia, en el Bajo Cauca. A la ANM corresponde realizar todas las gestiones tendientes al trámite de los Amparos Administrativos a fin de proteger los derechos de los titulares mineros".

Por último, el viceministerio de Minas, César Díaz Guerrero, anunció tareas en dos vías: una revisión normativa, sin precisar fecha para cuando esté lista, que permita una acción más contundente y efectiva; así como avanzar en formalización, “que no solo es legalización (…) un minero que esté en ese proceso también puede ser intervenido y se expone a sanciones ambientales, pues el impacto ambiental es independiente de la titularidad”, acotó el funcionario.

Sin duda, todas las instancias tienen buenas intenciones desde lo que les cabe para coordinarse y trabajar en la misma dirección, pero las dragas van más rápido, crecen en número y no están a la espera de que el Gobierno les quite el negocio.
 
Oro: todo por la plata
Entre tanto, hay 36 parcelas agroforestales en riesgo, donde tienen techo y sustento igual número de familias, como parte de un programa ambiental, reconocido como caso de éxito por el mismo Gobierno.

Mineros ha invertido 4.000 millones de pesos desde 2001 en esta iniciativa que implica un lento proceso de años para readecuar para la siembra suelos dragados. Eso incluye un salario mínimo mensual por tres años para el aparcero hasta lograr su autosostenimiento.

Una de las condiciones de ese contrato es no hacer minería en el predio asignado, pero seis aparceros no cumplieron, algunos dicen que por amenazas, otros lo hicieron por negocio y no hubo autoridad que lo impidiera.

Es el caso de Jesús Antonio Vásquez, de 44 años, con siete hijos, y responsable de la parcela 15, en un área de 9,5 hectáreas asignada hace tres años. Cuando este reportero lo visitó, dos semanas atrás, a 30 metros había una draga casi nueva, construida en Caucasia, avaluada en unos 2.500 millones de pesos y llamada Glo Belleza.

Llevaba poco más de mes y medio lavando tierra en busca de oro, a menos de 30 metros de su casa y ya había sepultado siete años de recuperación ambiental en cuatro hectáreas.

“Aquí llegó un abogado, me mostró un papel de Mineros (lo dice solo por el membrete), diciendo que tenía permiso para trabajar, que cuando terminara iban a recuperar la tierra, ¿y yo qué iba a hacer? (…), le pedí que me colaboraran”, confesó Jesús sin pudor antes de reconocer que ha recibido pagos de 300 mil pesos, unas veces quincenales y otras semanales.

Otra cosa piensa su vecino Norberto Arrieta Cárdenas. A 200 metros de donde está la draga, este campesino curtido de 58 años se ha negado a los ofrecimientos de mineros informales para buscar oro en la tierra que lleva cinco años sembrando con maíz, plátano, mamoncillo, cacao y hasta limones

“Es duro ver a ese buldócer levantar de raíz un palo (árbol), a uno le duele la naturaleza cuando aprendió a que es mejor negocio que la minería. El oro se acaba, la tierra se puede seguir cosechando”, dice con tono de profesor Norberto, quien ya se acostumbró al ruido gangoso de los motores de Glo Belleza. 
 
La draga de la discordia
Este draga, al parecer, es de un brasileño llamado José Antonio Cavalcante Soares, representante legal de Comercializadora La Reina. Este medio lo buscó en los alrededores draga para pedirle explicación, pero dijeron que no estaba o se negó, porque pocos quisieron hablar allí.

El administrador del entable, que incluye buldócer, dijo llamarse Aulio Arias. En el segundo piso de la casa barco sacó una carpeta con fotocopias recientes, o al menos muy bien cuidadas, de cartas dirigidas a distintas autoridades, algunas fechadas en 2007, 2009 y 2010. “Todo está bueno, mire, mire”, decía Arias.

Por ninguna parte había un documento que acreditara un título vigente o una licencia ambiental, requisitos para operar legalmente. Entre los pocos papeles originales hay una solicitud de legalización ante la Gobernación de Antioquia, una patente de navegación del Ministerio del Transporte y una certificación de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), fechada el 30 de enero pasado.

Esa carta dice que La Reina  es socio activo de la Asociación de Dragueros del Bajo Cauca (Asodragas), que “pertenece al primer laboratorio piloto de formalización (…) con 150 entables mineros del Bajo Cauca” y  que concluye: “está en el proceso de legalización de minería tradicional”. Cuando la draga fue visitada por la Fiscalía y la Policía, el 28 de enero pasado, esos documentos bastaron para suspender la diligencia de decomiso.

Sobre las obras de Glo Belleza y el paquete de papeles en que se justica, El Colombiano informó
a la directora ejecutiva, de Conalminercol, Luz Stella Ramírez. Ella reprochó el daño generado a la parcela y agregó que “en virtud de las posibilidades, hemos insistido en que se hagan bien las cosas ambientalmente, porque luego eso se va en contra de todos”.

Sin embargo, la dirigente gremial también advierte retrasos del Gobierno nacional en cumplir el cronograma de los compromisos del acuerdo firmado para levantar el paro del año pasado. Eso incluyó entregar unas guías mineroambientales acorde a las condiciones del territorio y si la operación es de veta (subterránea) o de aluvión (fluvial).

“Pero el Ministerio de Medio Ambiente nos salió con unas guías imposibles de cumplir hechas desde un escritorio en Bogotá. Si nos estamos dando la pela de decirle al minero  que haga las cosas bien, el Gobierno también nos debe cumplir”, asevera Ramírez, quien reclama que desde diciembre se entregó al Ministerio de Minas un borrador de decreto que fija un periodo de transición a la legalización. Hasta ahora no hay respuesta.

Entre tanto, Jesús Antonio es consciente que tendrá que buscar casa dentro de poco para él y sus siete hijos. Cerca de allí Norberto espera que apure el invierno, reverdezca la parcela, se hidraten los jardines y llegue la mañana en que abra la puerta de su casa y no sea una draga lo primero que vea.