La crítica situación de orden público que se vive en Urabá desde el pasado fin de semana es la conjugación de factores sociales no resueltos e intereses políticos alentados por distintos sectores que quieren pescar en río revuelto y sacar provecho electoral. Es fundamental que a la operación policial de recuperación de los predios invadidos por las vías de hecho, el Gobierno logre establecer responsabilidades de quienes tras bambalinas vienen alentando los desórdenes y las ocupaciones.
Los hechos ocurridos de forma casi simultánea en Apartadó, Carepa y Chigorodó, no son aislados y responden más bien a una estrategia planeada con antelación. No son fortuitas las declaraciones del Vicepresidente Angelino Garzón y de otros líderes de la región, en el sentido de que detrás de estos hechos "hay claras motivaciones politiqueras y electorales", que podrían configurarse como delito, pues atentan contra la seguridad y la institucionalidad de una región de por sí golpeada por la violencia.
El Gobierno nacional, con un liderazgo más fuerte y decidido del Departamento de Antioquia, no puede seguir haciendo presencia en Urabá solo cuando hay incendio. Es hora de enfrentar los múltiples problemas sociales de forma integral, con la ayuda de la ciudadanía y del sector privado, que ha sido el que en buena parte ha asumido obligaciones que le corresponden al Estado.
En la era de la globalización, no es posible sostener un modelo económico, basado en el monocultivo del banano, que irradie progreso para todos y cierre los caminos a la ilegalidad. La mejor esquina de América se la disputan desde hace décadas los grupos armados ilegales, y el narcotráfico viene ganando terreno con pasmosa y preocupante velocidad en Urabá, donde se están dando simultáneamente fenómenos de comercialización y producción de drogas, que antes no se veían.
Con razón, muchos empresarios antioqueños, que han puesto lo mejor de sus esfuerzos para sacar adelante una región con un inmenso futuro, pero anclada en el pasado violento, temen que el frágil tejido social que se ha reconstruido allí vuelva a hacerse añicos con el retorno de las guerrillas, y a través de éstas de las bandas criminales y narcotraficantes, en clara e innegable asociación delictiva.
Hoy, cuando se debate el alcance de la restitución de tierras dentro de la llamada Ley de Víctimas, es fundamental que el Gobierno corte los hilos entre quienes fueron despojados de sus territorios por la vía armada y los que ahora buscan beneficios electorales usando a las víctimas como instrumento proselitista.
Sería bueno que algunos congresistas y políticos con orfandad de poder que visitan con frecuencia la región, en vez de incitar a las vías de hecho, llevaran al Congreso propuestas de desarrollo e inversión para esta zona.
A la Fuerza Pública hay que acompañarla con decisión y firmeza. No es hora del agua tibia mientras vemos la frialdad con que los violentos buscan hacer estragos en Urabá. La mejor esquina de América debe ser para el desarrollo y el progreso. No para el pillaje.
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