El rencor, el olvido, la exclusión y el vacío de los derrotados y víctimas de la época de la violencia, permitió el reciclamiento de una nueva forma del conflicto durante casi 50 años más. Esos excluidos de ayer promovieron la insurgencia de hoy.
Tanto tiempo, tanta experiencia, y no hemos sido capaces de pensar la paz en grande y de manera definitiva.
Hasta ahora, la paz ha tenido el tamaño de la grandeza o mezquindad de las partes en confrontación y la medida de sus intereses.
Nos ha faltado la paz que le dé grandeza al país y dignifique la humanidad. Por eso, todas las soluciones han sido incompletas o fragmentarias.
Hay que acabar bien los conflictos, partiendo del hecho de interpretar bien cada una de sus dinámicas.
Las expresiones de violencia han mutado. Nadie vaticinó que en el actual contexto la veamos bajo rostros cada más urbanos, más irregulares, más del tipo de construcción de bandas y redes locales y regionales que se alquilan al mejor postor. Todos ellos, llevados de la mano por la economía ilegal del narcotráfico; ajenos a esa lógica de confrontación de ejércitos rurales, de la que sólo han tomado una cruda apropiación: los ejercicios de poder y control irregular que adoptaron de ejemplo.
Se están desdibujando los contornos con lo que se suelen distinguir estos grupos, haciendo cada vez más sombrío el paisaje que le daba carácter al conflicto y razón de ser a cada uno de los actores armados tradicionales.
En el actual contexto, hay que pensar en que no será suficiente con construir una negociación con las Farc o el Eln, siendo este un necesario e indispensable paso.
La paz debe ser el tratamiento integral de todos los fenómenos que hoy generan conflictividad armada, en toda su complejidad, no dando ocasión a que por la vía de soluciones parciales se sigan prolongando los conflictos.
Este es el panorama general de una propuesta que hemos venido presentando para su discusión ante la Comisión de Paz del Senado, con el propósito de levantar una "Ley Marco para la Transición definitiva de la guerra a la paz", sustentada en la idea de reconciliación entre los colombianos, a cambio de verdad total y reparación, como es apenas justo.
Hemos sido arriesgados en sostener que en esta iniciativa se deben incluir todos los actores en consideración de los factores determinantes de nuestras actuales expresiones de violencia.
Creemos que ningún actor puede quedar excluido de la justicia. La oferta de paz y de conciliación tiene que ser generosa y no dejar ningún factor suelto: los militares que incurrieron en delitos también deben hacer parte de esta iniciativa.
Esta ley significaría para el Gobierno, más que una herramienta jurídica, una herramienta política, pues debe otorgarle el accionar necesario para ofrecer a los violentos mecanismos de sometimiento a la justicia en condiciones de dignidad.
Creo que el Presidente Juan Manuel Santos, la Comisión de Paz, la fiscal general, Vivianne Morales, el vicepresidente Angelino Garzón, y muchos más representantes del Estado, tienen la voluntad y la legitimidad para liderar un proceso de solución definitiva de la violencia.
Las Cortes, los partidos y los gremios, no tienen otro deber histórico que apoyar decididamente este objetivo aunque nos tardemos más de un periodo presidencial y legislativo, pues un retroceso en este sentido sería fatal.
El país tendrá que debatir temas tan sensibles como la extradición, el delito político, el papel de la Corte Penal Internacional, el tratamiento de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, además del carácter real de la delincuencia organizada.
Para todos estos retos, ¿será necesaria una nueva Constituyente?
Sí, diría yo. Puede ser una Constituyente que tenga como único propósito el establecimiento de un periodo de transición de un país violento a un país que se encauce definitivamente hacia la consolidación de su paz. Que comprometa a todas sus instituciones en la meta de dar por terminado los años de conflictos y la instalación de una nueva democracia. Por supuesto, recuperando la filosofía y los avances con que nos dotó la Constitución de 1991.
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