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HISTÓRICO
PELEANDO POR EL BOTÍN
  • PELEANDO POR EL BOTÍN
Por SANTIAGO SILVA JARAMILLO | Publicado el 24 de octubre de 2012

Sí, podemos negociar la paz, podemos desmovilizar a la guerrilla. Supongamos, incluso, que eso significaría el fin de la violencia en el país, lo que es improbable. Pero nuestro problema más grave, nuestra maldición más desastrosa, es la corrupción. La pequeña, la de todos los días, la de los sobornos a funcionarios para conseguir servicios o evitar multas. Y la grande, la de los contratos públicos ganados con trampa e incumplidos, y los desfalcos al erario; la de las amenazas y la violencia, la de los contratistas y los politiqueros.

Porque la corrupción del segundo tipo, en nuestro país, se ha convertido en bastión de bandidos, en una mafia tan peligrosa y evasiva como los grupos armados a los que tanto tememos. Estamos a merced de contratistas dedicados a conseguir contratos y ocasionalmente inclinados a cumplirlos. Expertos en querellas y demandas, en quedar mal y justificarse. Más políticos y abogados que ingenieros, más bandidos que empresarios.

Y su botín es el Estado.

La corrupción es una fuente de deslegitimación y destrucción de la eficacia y eficiencia del Estado, envicia la transparencia de procesos públicos y privados, afecta los intermediarios justos y transparentes de la economía, crea costos para la inversión y el desarrollo económico, y desestimula la participación de los ciudadanos.

Según la Encuesta de Probidad 2006, realizada por Transparencia por Colombia, el 84,4 % de los empresarios no participa en procesos de contratación con el Estado porque considera que la competencia no es justa. De igual manera, un 31,74 % de los empresarios afirma que durante un proceso de contratación con el Estado, los funcionarios solicitan sobornos.

De acuerdo a cálculos del mismo Gobierno Nacional, el pago de sobornos en los procesos licitatorios nos cuesta más de un billón de pesos anuales, reflejados en sobrecostos e incumplimientos en las obras. Transparencia por Colombia estima que un promedio del 10 % del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno.

Hay una lección que se nos escapa con cada nueva legislación que se presenta en el Congreso: Que la corrupción no solo se combate con castigos más duros. Que es un asunto cultural y social. Que supone una respuesta integral del Estado, en términos de transparencia; y de la sociedad, en acción colectiva y participación ciudadana. Que solo así podremos deshacernos de ese enjambre de bandidos que saquean diariamente el dinero y la confianza de todos.