El Estado debe aceptar la responsabilidad por la toma guerrillera y el "exceso" de la fuerza utilizada en la recuperación del Palacio de Justicia, donde en 1985 murió un centenar de personas, consideró este jueves la Comisión de la Verdad conformada hace cuatro años para investigar los hechos.
"Realmente es indiscutible que hubo un exceso de la fuerza pública en la recuperación, que hubo una gravísima falla en el servicio al ser retirada sin ninguna justificación valedera (...)", declaró en Bogotá el magistrado Nilson Pinilla, uno de los tres miembros del comité investigador.
Por ello, "nosotros consideramos que el Estado colombiano tiene que aceptar la responsabilidad por esos sucesos", expresó Pinilla al término de un acto en el que la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (CVPJ) presentó su informe final.
Pinilla conformó junto a los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera este órgano de investigación, establecido en el aniversario veinte del llamado Holocausto de la Justicia.
Los hechos
Los hechos comenzaron el 6 de noviembre de 1985 con la irrupción de cerca de cuarenta rebeldes del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) en la sede judicial, situada en el centro histórico de Bogotá, y terminaron al día siguiente, con la edificación reducida a escombros por las llamas y las armas pesadas.
Tras la irrupción de los guerrilleros, las Fuerzas Militares pusieron en marcha una operación para retomar el control del Palacio de Justicia, hecho que se conoce como "retoma".
Como lo plantean los magistrados, en esa acción se hizo un uso excesivo de fuerza y no se atendieron los llamamientos tendentes a proteger la vida de quienes quedaron como rehenes en el edificio.
Además, previo a la incursión, y como también lo exponen los autores del informe, todo el personal de fuerza pública que tenía a cargo la protección del Palacio fue retirado de manera inexplicable.
No hay responsabilidades individuales
"Sin lugar a dudas, el Estado colombiano tiene que empezar por reconocer su responsabilidad", insistió Pinilla, que como sus dos compañeros de tarea presidió en el pasado la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el magistrado aclaró que la CVPJ no puede establecer responsabilidades individuales o institucionales en esta acción, una de las más trágicas en el casi medio siglo del conflicto interno armado.
"Nosotros no vamos a manifestarnos en nada que tenga que ver con responsabilidades individuales", advirtió Pinilla, que hizo mención de casos como los del presidente de la época, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), y el ministro de Defensa de entonces, el fallecido general Miguel Vega Uribe.
La gestión judicial de estos hechos ha avanzado en el caso de la docena de desaparecidos forzados que fueron documentados a partir de vídeos de medios de comunicación, cargo por el que fue sometido a juicio el coronel retirado del ejército Alfonso Plazas, cuya sentencia no ha sido proferida.
Ejecuciones
La CVPJ confirmó que en la acción militar fueron ejecutados de manera sumaria varias personas y que otras salieron con vida y luego desaparecieron.
Además, el comité estableció que "el ministro de Defensa (de la época) no atendió las llamadas telefónicas que le estaba haciendo el presidente de la República, y tenemos conocimiento de que la comunicación entre las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas y el presidente de la República fue prácticamente ninguna".
