Ante la Corte Constitucional volvió a ser demandada, por tercera vez en menos de una semana, la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso.
Según el demandante Federico Arellano Mendoza, presidente de la fundación Colombia con Memoria, que el tercer artículo de la ley establece que para la reparación y la entrega de tierras solamente se tienen en cuenta las víctimas de conflicto armado interno, "lo cual restringe la reparación a las víctimas de la guerrilla y paramilitarismo".
La acción judicial no busca derrocar la ley sino ampliar el concepto de víctimas y extender sus beneficios para hacerla accesible a todas las personas que sufrieron de actos terroristas perpetuados y financiados por el narcotráfico.
Según Arellano, quedarían las persecuciones políticas como la muerte de Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán, el asesinato de José Antequera y Carlos Pizarro, además del atentado al avión de Avianca, todos estos hechos ocurridos a finales de los ochenta y principios de los noventa por los carteles de Medellín y Cali.
Precisó además que "estas sociedades mafiosas y de narcotraficantes asesinaron a cientos de personas, crímenes que han sido declarados de lesa humanidad, ellos son víctimas y no pueden ser dejadas por fuera".
