Ante una avalancha de tutelas que llegaron a la Procuraduría General, el jefe del despacho Alejandro Ordóñez modificó una acción preventiva en la que se hacía un llamado a alcaldes inmersos en procesos de revocatoria para que no se pronunciaran públicamente.
A la Procuraduría llegaron más de 450 tutelas en las que se solicitaba la revocatoria de esa acción preventiva por considerar que vulneraba el derecho a la defensa de los mandatarios.
Tras la decisión del Ministerio Público, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro podrá pronunciarse sobre sus acciones de Gobierno a pesar de estar incurso en un proceso de revocatoria del mandato promovido por el representante Miguel Gómez.
La acción preventiva en cuestión había sido promulgada el pasado 20 de mayo y recomendaba a los alcaldes que se abstuvieran de participar en pro o en contra de esos procesos revocatorios.
Esto, por considerar que "a los servidores públicos les está prohibido realizar actividades que impliquen participación en política, tal como lo dispone el artículo 127 de la Constitución".
El Ministerio Público había advertido en dicha directiva que, de defenderse (el implicado) esto podría ser "causal de mala conducta, sancionable a la luz del Código Disciplinario".
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