A tres de cumplirse 20 años del asesinato del entonces precandidato presidencial Carlos Pizarro Leóngomez, ex integrante del M-19, mientras abordaba un avión de Avianca, la preocupación por ausencia de justicia se siente en la Procuraduría General de la Nación.
Muestra de esto es el llamado que en la noche del miércoles le hizo el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes, a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que cree un cuerpo especial que permita que en este corto tiempo se tomen las mediadas correspondientes para la impunidad no reine en este caso.
Para ello, Jaimes le informó al ente investigador sobre un nutrido número de pruebas que demostrarían la participación de ex funcionarios del DAS en este crimen. Documentos y testimonios que están en poder de la Procuraduría General ha permitido considerar que en este hecho, ocurrido el 26 de abril de 1990, habrían estado vinculados el ex jefe de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad Alberto Romero y el detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz.
Las nuevas pruebas apuntan a que Romero y Gómez Muñoz habrían tenido alguna vinculación con los paramilitares al servicio de Carlos Castaño Gil y con éste mismo. "En esta etapa de la investigación y una vez afirmada la responsabilidad en contra de Carlos Castaño, se ha abierto un nuevo horizonte y hemos escudriñado pruebas que podrían comprometer a estos agentes estatales como autores de Carlos Pizarro", dijo Gabriel James.
A pesar de que el reloj camina en contra de lo que se pueda hacer en este caso, Jaimes es optimista en la investigación por parte de la Fiscalía y espera que en esa instancia se cree un grupo especial para tal fin. Por su parte la Procuraduría ya decidió crear un grupo similar para lograr la reactivación de ese caso.
"Lo que esperamos en el Ministerio Público es que las investigaciones avancen con prontitud, para que culminen y se adopten las decisiones. Esperamos es que antes del 26 de abril existan las decisiones que permitan tomar decisiones en justicia y se sepa la verdad histórica", dijo el procurador delegado.
En todo caso y ante la ausencia de esas determinaciones Jaimes no descarta la posibilidad de que en su momento y tras estudiar el caso se adopten las medidas necesarias, inclusive la petición de que el caso sea considerado de lesa humanidad. "Hay que analizar con mucha ecuanimidad y ponderación para poder definir si estos hechos constituyen o no un delito especial, susceptible de ser excluido de la prescripción ordinaria. Pero esperemos a ver que pasa".
Estas versiones han sido recopiladas desde hace un año, en la que un grupo de procuradores delegados han estado al frente del caso Pizarro Leóngomez.
