La Procuraduría General de la Nación instó a las autoridades mineras para que en treinta días, a más tardar, presenten todas las posibles soluciones a la problemática administrativa que atraviesa la minería de oro en el municipio de Marmato, Caldas.
El municipio atraviesa una serie de problemas sociales y ambientales por la explotación del mineral precioso. A esto se suma el trabajo de menores de edad y madres cabeza de familia en condiciones de riesgo.
El secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, le solicitó al Ministerio de Minas y Energía que en el proyecto de ley que hace trámite en el Congreso, del Código Minero, se genere un trato especial para Marmato.
Esto podrá generar soluciones integrales y adecuadas para la explotación minera que se realiza en el municipio.
Uno de los yacimientos más ricos se encuentra en el cerro El Burro, donde se ubica el casco urbano del municipio, es decir, justo bajo los pies de los habitantes.
Esto ha provocado una gran explotación minera en las profundidades del cerro generando inestabilidad geológica en los terrenos, lo que afecta las construcciones del casco urbano.
Por esta razón, desde hace más de cinco años se está discutiendo la opción de trasladar el casco urbano del municipio a la vereda El Llano. Frente a esto hay varias protestas por parte de los habitantes del pueblo, quienes se muestran renuentes a abandonar sus casas.
La Procuraduría también les exigió a las autoridades presentar propuestas para definir cómo se identificarán las áreas específicas a explotar, para decidir si se asignan por medición de terreno o por coordenadas geográficas.
Además, deberán presentar un informe real sobre la situación social que se vive por el trabajo de menores en la minería informal, así como los riesgos técnicos, ecológicos y sociales por el traslado del casco urbano.
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