Como es de conocimiento común, las universidades públicas llevan varios días en cese de actividades por cuenta del proyecto de reforma a la Ley 30, que pretende reorganizar la prestación del servicio de educación superior. Seamos honestos, si bien la reforma trae cosas buenas y más recursos, el Gobierno Nacional no puede argumentar que es la gran reforma que salvará a la universidad pública del problema estructural de baja cobertura y de calidad de la educación superior. Pero reconozcamos también que los estudiantes, además de no reconocer ni una bondad en el proyecto, se equivocan en la lectura del texto de la reforma y lo interpretan como un proyecto privatizador y es la razón principal para el cese de actividades docentes. Ninguno tiene la razón y el problema se convirtió en un juego de poder entre estudiantes y Gobierno.
En algunos escenarios he puesto como ejemplo las misiones que los gobiernos han conformado para entender y dar luces en problemas de gran impacto social para el bienestar de la población como el desempleo, la pobreza extrema y el déficit fiscal. En su momento se conformaron misiones tales como: la Misión de Empleo, la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad y la Misión del Gasto Público. Todas ellas con la participación de reconocidos académicos, investigadores y técnicos, quienes presentaron diagnósticos rigurosos y estrategias concretas y creativas.
Para nadie es un secreto que la educación superior es fundamental como mecanismo de acumulación de capital humano, y porque es el más genuino de los instrumentos para redistribuir el ingreso a través del mercado laboral.
Entonces, por qué no pensar en la Misión por la Educación Superior como un primer paso para contrarrestar la coyuntura actual, volver a las aulas de clase, y poner a la educación superior como uno de los puntos más importantes dentro la agenda de desarrollo del Gobierno, que sin duda tendría respaldo de la Unidad Nacional, y sacarla del olvido en la que por décadas ha estado por el Ejecutivo (basta ver el porcentaje del PIB dedicados a investigación y desarrollo de Colombia frente a países como Chile).
La Misión debe estar conformada, en principio, por reconocidos académicos para que proporcionen un diagnóstico de la situación actual del sector, que determine con precisión cuáles recursos se necesitarían para garantizar una meta realista de cobertura y en qué plazo, y cómo debe financiarse cualquier iniciativa surgida del análisis, éste es el punto esencial porque la educación debe ser financiada entre todos, familias, gobierno e iniciativa privada. Es menester de esta Comisión, por supuesto, diseñar estrategias para mejorar la calidad de la educación. El segundo paso, sin duda, es ampliar la comisión a una que incluya miembros del Gobierno, de la comunidad universitaria (rectores y estudiantes) y la empresa privada para establecer un acuerdo fundamental sobre un proyecto de reforma a la Ley 30 serio y no de última hora como el que cursa actualmente en el Congreso.
Esta propuesta podría ser acogida en las condiciones actuales, si el Gobierno reconociera que el proyecto de reforma que cursa hoy en el Congreso solo es útil en la coyuntura y convence a los estudiantes de que en una eventual Misión ellos tendrán plena participación y claro, el compromiso por su parte de volver a clase.
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